La responsabilidad internacional

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PRÁCTICA Nº 7

1. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos del reconocimiento de la jurisdicción española en los hechos cometidos en Chile en el Auto de la Audiencia Nacional de 5 de noviembre de 1998?

Son los siguientes:

Verdadero alcance de la disposición contenida en el artículo 6 del Convenio para la Prevención y la Sanción del delito de genocidio.
El artículo 6 del Convenioanuncia un Tribunal penal internacional e impone a los Estados parte la obligación de que los genocidios sean obligatoriamente juzgados por los órganos judiciales del Estado en cuyo territorio los delitos se cometieron. Mas sería contrario al espíritu del Convenio busca un compromiso de las Partes contratantes, mediante empleo de sus respectivas normativas penales, de persecución del genocidio comodelito de derecho internacional y de evitación de la impunidad de crimen tan grave- tener el citado artículo 6 del Convenio por norma limitativa del ejercicio de la Jurisdicción, excluyente de cualquier otra distinta de las que el precepto contempla. Que las Partes contratantes no hayan acordado la persecución universal del delito por cada una de sus jurisdicciones nacionales no impide elestablecimiento, por un Estado parte, de esa clase de Jurisdicción para un delito de trascendencia en todo el mundo y que afecta a la comunidad internacional directamente, a la humanidad toda, como el propio Convenio entiende.
De ningún modo podríamos entender que el artículo 6 transcrito impidiese a los Estados signatarios hacer uso del principio de persecución por personalidad activa recogido en susnormativas internas. Sería impensable que, por aplicación del Convenio para la Prevención y la Sanción del delito de genocidio, España, por ejemplo, no pudiese castigar a un genocida de nacionalidad española que hubiese cometido el delito fuera de España y se hallase en nuestro país, cumplidos los requisitos del artículo 23, apartado dos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pues bien, los términosdel artículo 6 del Convenio de 1948 no autorizan tampoco a excluir la Jurisdicción para el castigo del genocidio de un Estado parte, como España, cuyo sistema normativo recoge la extraterritorialidad en orden al enjuiciamiento de tal delito en el apartado cuatro del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de ningún modo incompatible con el Convenio.
Aplicabilidad actual del artículo 23,apartado cuatro, de la Ley Orgánica del Poder Judicial como norma procesal ahora vigente.
Para sentar la Jurisdicción de España para enjuiciar un delito de genocidio cometido en el extranjero por nacionales o extranjeros en los años 1973 y siguientes hasta la vigencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a lo dispuesto en el artículo 336 de la Ley Provisional sobre Organización del PoderJudicial de 15 septiembre 1870 -derogada por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985-, que pasó a atribuir Jurisdicción a los órganos judiciales españoles para juzgar a españoles o extranjeros que fuera del territorio de la nación hubiesen cometido delito de genocidio desde que este delito se incluye en el Código Penal a la sazón vigente por Ley 47/1971, de 15 noviembre, en el título de los delitoscontra la seguridad exterior del Estado, sin que ninguna relevancia jurídica para la atribución jurisdiccional tenga que el fundamento de la persecución ultra territorial de los restantes delitos contra la seguridad exterior del Estado se hallase en el principio real o de protección.
Sobre si los hechos imputados son susceptibles de calificarse, según la Ley Penal española, como genocidio.
Elnuevo Código Penal recoge entre los delitos contra la comunidad internacional, en su artículo 607, el genocidio, definiéndolo conforme al Convenio de 1948, como caracterizado por el «propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso».
Esa concepción social de genocidio-sentida, entendida por la colectividad, en la que ésta funda su rechazo y horror por el...
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