Ley 30

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La reforma a la Ley 30 plantea una universidad pública para el capital privado

La propuesta de reforma a la Ley 30, que regula a las instituciones de educación superior en Colombia y que contempla, entre otros aspectos, la inversión del sector privado en las universidades públicas y la creación de centros educativos estatales con ánimo de lucro, ha sido objeto de críticas de directivos,profesores y estudiantes de universidades de todo el país.

La reforma que, según María Fernanda Campo, ministra de Educación Nacional, hará una transformación necesaria a una ley que data de 1992, contempla además la ampliación de cupos para que, de acuerdo con los cálculos del Gobierno, en los próximos cuatro años, la cobertura en educación superior pase del 37 al 50 por ciento. 

El presidenteJuan Manuel Santos expresó, a principios de marzo, que la iniciativa del Gobierno Nacional parte de cuatro pilares que describen los objetivos de la reforma: aumentar los recursos de las universidades, promover la calidad y la investigación; transformar la educación superior para hacerla pertinente y competitiva y, finalmente, promover una gestión administrativa basada en la transparencia. Santos insistió en que se requiere “una discusión amplia y publica” para que los sectores involucrados participen de la propuesta, a partir de la “discusión colectiva en talleres y mesas de trabajo regionales”; sin embargo, mediante un comunicado, los rectores agrupados en el Sistema Universitario Estatal (SUE) manifestaron su inconformidad, por considerar que es “(…) apenas natural involucrar, desdesu formulación, a los actores institucionales y sociales que le dan vida y sentido a la Educación Superior Pública”.

Para la ministra, el propósito del Gobierno en temas relacionados con el mejoramiento de oferta educativa y el aumento en el acceso a la educación superior, implica inversiones que el Estado no puede costear: “los recursos públicos nunca serán suficientes; por esto, tenemos queser creativos y buscar nuevas fuentes”.

Los cálculos del Ministerio contemplan un aumento de 2,4 billones de pesos en el presupuesto para educación superior, de los cuales, 1,2 provendrían  de los fondos del Estado; destinados a las universidades públicas y a créditos educativos, mientras que los recursos restantes tendrían origen en las alianzas con el sector privado. 

La postura de losrectores del SUE es clara frente a la problemática de desfinanciamiento que enfrenta la educación superior en el país: “(…) es el propio Gobierno Nacional el que está condenando la universidad pública a no crecer, está limitando los procesos de fortalecimiento y consolidación de la calidad y no está mostrando la correspondencia requerida con los esfuerzos hechos por cada universidad en aspectos talescomo cobertura y calidad".

En un comunicado, el Consejo Académico de la Universidad de Antioquia insistió en la necesidad de preservar la educación superior como un derecho fundamental.

A juicio de sus integrantes, no es posible considerar que la prestación óptima del servicio garantiza el cumplimiento del derecho, puesto que se desconoce “la igualdad, la equidad, la dignidad y los contextosespecíficos de una realidad heterogénea como la actual”, como “previos indispensables”.

Para Danny García Callejas, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, lejos de lo que manifiesta el Gobierno Nacional, el resultado de la reforma será “un sistema universitario costoso, inequitativo y de baja calidad”. 

Aunque uno de los objetivos del Gobiernoconsiste en fomentar la competencia entre las instituciones para aumentar la eficiencia, según García, “el ánimo de lucro obligaría a las universidades a ser creativas para ofrecer sus programas, atraer estudiantes y lograr objetivos de calidad”, pero no sería una garantía de un mejor desempeño académico. 

El profesor García añadió que “el afán de ganancia fomentaría el incremento de matrículas y la...
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