LEY de PRL

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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
BOE 10 Noviembre 1995

Exposición de Motivos

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El artículo 40.2 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) encomienda a los poderes públicos, como uno
de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
Este mandato constitucional conlleva lanecesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los
trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo y encuentra en la presente Ley su
pilar fundamental. En la misma se configura el marco general en el que habrán de desarrollarse las distintas
acciones preventivas, en coherencia con las decisiones de la Unión Europea que ha expresado su ambición demejorar progresivamente las condiciones de trabajo y de conseguir este objetivo de progreso con una
armonización paulatina de esas condiciones en los diferentes países europeos.
De la presencia de España en la Unión Europea se deriva, por consiguiente, la necesidad de armonizar nuestra
política con la naciente política comunitaria en esta materia, preocupada, cada vez en mayor medida, por elestudio y tratamiento de la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Buena prueba de ello fue la
modificación del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea por la llamada Acta Unica, a tenor
de cuyo artículo 118 A) los Estados miembros vienen, desde su entrada en vigor, promoviendo la mejora del
medio de trabajo para conseguir el objetivo antes citado de armonización en elprogreso de las condiciones de
seguridad y salud de los trabajadores. Este objetivo se ha visto reforzado en el Tratado de la Unión Europea
(LA LEY 109/1994) mediante el procedimiento que en el mismo se contempla para la adopción, a través de
Directivas, de disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente.
Consecuencia de todo ello ha sido la creación de un acervo jurídico europeosobre protección de la salud de los
trabajadores en el trabajo. De las Directivas que lo configuran, la más significativa es, sin duda, la
89/391/CEE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de
los trabajadores en el trabajo (LA LEY 3736/1989), que contiene el marco jurídico general en el que opera la
política de prevención comunitaria.
Lapresente Ley transpone al Derecho español la citada Directiva, al tiempo que incorpora al que será nuestro
cuerpo básico en esta materia disposiciones de otras Directivas cuya materia exige o aconseja la transposición
en una norma de rango legal, como son las Directivas 92/85/CEE (LA LEY 4511/1992), 94/33/CEE (LA LEY
5377/1994), y 91/383/CEE (LA LEY 4306/1991), relativas a la protección de lamaternidad y de los jóvenes y
al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo
temporal.
Así pues, el mandato constitucional contenido en el artículo 40.2 de nuestra ley de leyes y la comunidad
jurídica establecida por la Unión Europea en esta materia configuran el soporte básico en que se asienta la
presente Ley. Junto a ello, nuestrospropios compromisos contraídos con la Organización Internacional del
Trabajo a partir de la ratificación del Convenio 155, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio
ambiente de trabajo (LA LEY 1367/1981), enriquecen el contenido del texto legal al incorporar sus
prescripciones y darles el rango legal adecuado dentro de nuestro sistema jurídico.

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Pero no es sólo del mandatoconstitucional y de los compromisos internacionales del Estado español de donde
se deriva la exigencia de un nuevo enfoque normativo. Dimana también, en el orden interno, de una doble
necesidad: la de poner término, en primer lugar, a la falta de una visión unitaria en la política de prevención

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23/07/2012

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