Leyes

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  • Publicado : 29 de noviembre de 2011
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La publicación del Reglamento de la Ley de Costos y Precios Justos confirma tres sospechas que habíamos señalado al publicarse la Ley. Primera, la intención fundamentalmente es limitar y abolir laslibertades y los derechos económicos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Segunda, dado el irrestricto ámbito y los sujetos de aplicación, la administración einstrumentación de esta Ley y su Reglamento resulta materialmente imposible; por lo que será aplicada parcial, discrecional y discriminatoriamente; sin un asidero normativo que resguarde el interés públicoy las buenas prácticas de políticas públicas y regulatorias. Tercera, se nota un desconocimiento supino de la materia económica regulatoria por parte de sus redactores y promotores.

Las incógnitasy dudas que poseían los agentes económicos sobre la instrumentación y administración de la Ley, así como acerca del cumplimiento de las nuevas exigencias creadas por esta norma, no fueron resueltasen la reglamentación. Además, se agregan nuevas barreras administrativas previas a la actividad económica. Exigencias como el Certificado Electrónico, la obligación de actualización de datos, elregistro en el Sistema Automatizado de Administración de Costos y Precios, sus requisitos y condiciones, no contaron con definición ni concreción alguna en el Reglamento Parcial publicado el 17 de noviembrede 2011.

Más allá de la ausencia de definiciones e imprecisiones del Reglamento -incluso en la redacción- respecto a lo anunciado a través de la Ley de Costos y Precios Justos, resultanalarmantes. Las fallas de fondo y conceptuales sobre la función, importancia y justificación de este entramado regulatorio constituido hasta la fecha por la Ley y su Reglamento parcial.

El artículo 13,sobre la "verificación y evaluación de la información", da cuenta del pedestre y anacrónico enfoque acerca del costo, de la Ley. A lo largo de la redacción del Reglamento, se reconoce de antemano el...
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