Los derechos humanos y el trabajo social

5. AdministraciÓn pÚblica y Servicios sociales | |

A continuación veremos a qué está obligado nuestro Estado en materia de Servicios sociales. Pero antes conviene referir algunos aspectos de esta dimensión de nuestro Estado del bienestar a la que dedicamos la cantidad del 0,32 del Pib, escasa pero nada despreciable. Según indicamos más arriba, las leyes de servicios sociales no instituyenderechos que los ciudadanos puedan exigir eficazmente como los regulados por la asistencia sanitaria. Tampoco establecen deberes públicos determinados, cuyo cumplimiento pueda ser evaluado y demandado. Nos encontramos ante un derecho condicionado, por la escasa y desequilibrada oferta y el carácter débil de ese derecho. La organización se estructura en un nivel público complejo (seguridad social,Comunidades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos), las entidades privadas y el sector no lucrativo. La coordinación se establece mediante la financiación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales estableciendo planes (de prestaciones básicas, de igualdad, de juventud etc.) y el proceso de descentralización en el que las Comunidades Autónomas tienen el verdadero poder frente al Ayuntamiento.El sector no lucrativo es clave y, frente a lo que dicen las leyes de Servicios Sociales, en la práctica es un instrumento del sector público para descargar tareas y costes. No se concibe como esfera autónoma. Los servicios sociales intervienen sobre los excluidos que los utilizan de forma repetitiva y poco eficaz. Y son poco conocidos por el resto de los ciudadanos.Pues bien, en relación con losServicios Sociales nuestro Estado está constitucionalmente obligado, a la atención primaria integral, a informar a todos de los servicios a los que se puede acceder y a desarrollar políticas que consigan una reducción generalizada del riesgo y la inseguridad. En este sentido, tanto los informes del Consejo Económico y Social (CES) como los expertos, caso del profesor Rodríguez Cabrero, hablan dela necesidad de un plan integrado de servicios sociales que atienda a las situaciones de necesidad y de exclusión social de manera eficaz y logre una mayor accesibilidad de los ciudadanos pobres y en situaciones de mayor precariedad a los distintos recursos y prestaciones. Señalan también la necesidad de afrontar, entre otros, el reto de una mayor coordinación con los sistemas de bienestarsocial: protección social y empleo, sistema sanitario, educativo, etc, así como de sus redes públicas y privadas.Como el desconocimiento de los recursos conlleva en ocasiones una valoración negativa de los servicios, precisamente en los lugares o entornos en los que se supone hay una mayor necesidad, tanto el CES como los expertos, insisten en la necesidad de que exista una relación más positiva ycercana entre la red de servicios sociales y sus potenciales destinatarios. Para lo cual es indispensable mejorar la información, acercar los servicios a los ciudadanos y a las personas necesitadas. También habría que adecuar la articulación entre las redes institucionales públicas y privadas, prestadoras de los mismos, y los grupos sociales, que constituyen el objetivo de sus distintos programas.Por último,  indica el CES, que en las políticas de asistencia y servicios a las personas mayores, es preciso corregir las insuficiencias en la accesibilidad a determinados recursos. Siendo aconsejable adaptarlos a los importantes avances que se han producido en otras áreas de actuación que tienen que ver con las personas mayores (sanidad, pensiones, residencias, ayudas a domicilio, termalismo,centros de día etc.). Y concluyendo, sintetiza el CES su propuesta en los términos siguientes:“Elaborar una normativa básica que permita garantizar unos mínimos vitales, en situaciones de necesidad y dependencia social que racionalice y consolide una red de servicios sociales en todo el Estado”. Bien entendido, como subraya el CES, que la posibilidad de dicha garantía depende de que se alcance un...