Lye 30 ultima ley

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La situación de la justicia penal militar en Colombia.
Desconfianza, prejuicio y verdad.

Jean Carlo Mejía Azuero.[1]

A. Prolegómeno.

Las recientes estadísticas en Colombia, principalmente las publicitadas por diferentes fundaciones, ONG’s[2], y por el mismo gobierno[3], nos sirven para mostrar la imposibilidad de vincular al Estado y a la institución castrense con las violacionesrelacionadas con los derechos humanos y las normas de la guerra; además siempre que se presentan los citados casos, se debe tener en claro que estaremos hablando de miembros de una institución, que no representan los designios impuestos para ella en la constitución política y la ley. Sencillamente cuando esporádicamente se presenta una violación del DIH por integrantes de la fuerza pública, no seesta diciendo: “esta es la política del Estado colombiano.”

El anterior argumento, nos aclara el panorama frente a la primera preocupación de los miembros de la institución armada en relación con la recientemente creada corte penal internacional (en adelante CPI): La responsabilidad institucional. La verdad es que respecto al juzgamiento que se seguirá en la CPI, en sede de crímenes de guerra, lasituación resulta en la práctica difícil de probar; en punto de lesa humanidad y el crimen de genocidio, los elementos son bien estrictos; por otro lado, la responsabilidad ante la CPI es absolutamente individual y no institucional. Éste puede ser en principio un elemento tranquilizador.

En éste acercamiento a la situación de una de las jurisdicciones más cuestionadas, trataremos de mostrar lanueva cara de la justicia penal militar, sobre todo para establecer que es una organización seria, responsable y comprometida con el cambio; no obstante, La situación en éste punto, resulta bastante enmarañada, porque a pesar de que las diferentes sentencias de la corte constitucional y la misma ley 522 de 1999, establecieron la competencia por violaciones del DIH en la justicia ordinaria, lassituaciones problemáticas que se suscitan respecto a los conflictos de jurisdicción se siguen presentando.

Es cierto, los esfuerzos para darle una nueva apariencia a la justicia penal militar han sido enormes y sin embargo en el concierto internacional se la tiene altamente criticada, aún es más, no se le reconoce su imparcialidad. Igualmente no se reconoce la visión de respeto y protección de losDDHH y del DIH. Pero frente a esa grave omisión, es bueno mostrar algunos hechos incontrovertibles, representados en el comportamiento operacional de la Fuerza Aérea Colombiana, que bajo el mando del General Edgar Lezmes Abad ha cambiado la imagen de la institución, traída a menos por la investigación en torno al caso Santo Domingo.

La anterior grafica[4] es un buen ejemplo de cómo ha cambiadola visión de las fuerzas armadas, en éste caso la Fuerza Aérea, respecto al respeto de los derechos humanos y el DIH dentro del conflicto armado; básicamente muestra que a medida que han aumentado las operaciones aéreas en el nuevo gobierno y bajo la política de seguridad democrática, las investigaciones por violaciones respecto a las tripulaciones, de otro lado totalmente desprotegidas y puestasen la palestra pública, han disminuido ostensiblemente, tanto así que en el año 2003 se presentaron 568 operaciones de bombardeo (beta), lanzamiento de coheteria (charlie) y ametrallamiento ( alfa) y sólo existe una investigación.

La grafica[5] que muestra el número de horas voladas por parte de la fuerza aérea Colombiana en los años 1999, 2000, 2001, 2002, y 2003 es paladina también cuandomuestra que en los últimos dos años se incremento ostensiblemente el número de horas de vuelo, mientras que las investigaciones relacionadas con estas horas disminuyeron abruptamente.

1. Antecedentes de la jurisdicción especial en Colombia.

Nuestra justicia penal militar también es una herencia española; el profesor Leonel Olivar Bonilla, citado por Edgar Peña Velásquez[6], lo...
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