Manual de procedimiento de la contratación estatal

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Javier Miguel Gámez Vizcaíno

Primera reimpresión junio 2002
Segunda edición 2001 Primera edición 1999
© Javier Miguel Gámez Vizcaíno © Legis Editores S.A. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro, por cualquier proceso reprográfico o fónico, por fotocopia, microfilme, offset o mimeógrafo, sin previa autorización delAutor. Editor Jurídico: José Vicente Barreto R. Diseño y Diagramación: Ricardo Rojas Zamudio Coordinador de Edición: Luis Arturo Lara O. Impresión: LEGIS S.A.

ISBN: 958-653-283-6
Impreso en Colombia

PRESENTACIÓN
El silencio es, después de la palabra, la segunda potencia de este mundo. Lacordaire

Es una realidad incuestionable, reconocida por la legislación, la jurisprudencia y ladoctrina, que la Administración Pública, para la realización de los fines del Estado, no sólo adquiere los bienes y servicios necesarios mediante la técnica de los actos administrativos, sino que cada vez con mayor frecuencia, interviene en el tráfico jurídico a través de la institución contractual (Véase. Escobar Gil. Teoría General de los Contrato de los Administración Pública, Legis , 1999, p. 30 yss.). Sin embargo, el tema de los contratos administrativos es la materia que más polémica ha suscitado en el derecho y en la práctica. El criterio jurídico que se adopte será determinante para comprender las demás instituciones relacionadas, tales como los derechos reales administrativos, la responsabilidad patrimonial de Estado, el acto administrativo o la función pública misma, entre otros. En lapráctica, múltiples son las controversias y no pocos los perjuicios que se han ocasionado cuando no se tiene claro que la finalidad de los contratos estatales no puede ser otra que la de constituirse en un instrumento al servicio del interés público. Como bien sostiene la Corte Constitucional, “el estudio de la contratación estatal debe inscribirse en los

principios axiológicos del EstadoSocial de Derecho, que irradian todas las disposiciones contractuales previstas en la Constitución” (C. Const. Sent. C449, jul. 9/92). En los contratos de la Administración Pública una de las partes es un sujeto privilegiado revestido de ciertas prerrogativas que el derecho le otorga para la realización del interés público, lo que conlleva que este contrato tenga características propias y específicas,de ahí la existencia de una normatividad especial para regular determinados aspectos de los contratos estatales. En este sentido, la Ley 80 de 1993 desarrolla no sólo los nuevos principios constitucionales, sino que pretende corregir las falencias del antiguo Decreto 222, reglamentario de la materia. Debemos, sin embargo, reconocer como hecho irrefutable que la práctica contractual, por sumultiplicidad de forma s y variables resulta imposible de enmarcar en disposiciones únicas, por lo que la ley estableció una serie de principios rectores que buscan encuadrar muchos eventos, presentes y futuros con lo cual lo cambiante de la contratación se encasillaría en las normas positivas sin necesidad de cambios legislativos frente a nuevos fenómenos. (Cfr. Luis Guillermo Dávila, Régimen Jurídicode los Contratos Estatales, Legis, 2001, p. 15 y ss.). Estos principios, según la Ley 80 son el de transparencia o publicidad que busca hacer posible la controversia; el de la responsabilidad que compromete al servidor público y a su patrimonio en el manejo de sus obligaciones, y el de economía o celeridad, que pretende evitar los trámites innecesarios en la escogencia del contratista o en lacelebración y ejecución del contrato. Es en este sentido que nuestra casa editorial se complace en presentar la segunda edición de este manual del doctor Javier Miguel Gámez Vizcaíno, obra que comprende todas las etapas del proceso contractual, desde la previa hasta la poscontractual, con un gran número de minutas y modelos para utilizar y adecuar de acuerdo con las necesidades específicas de cada...