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La jurisprudencia internacional y el procesamiento de violaciones de derechos humanos por tribunales nacionales


María Clara Galvis y Katya Salazar

La jurisprudencia internacional y el procesamiento de violaciones de derechos humanos por tribunales nacionales

S

egún el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, existe una obligación estatal de investigar, juzgar y, en su caso,sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, que se cumple mediante un proceso penal, en el que se deben investigar los hechos alegados, identificar y procesar a los responsables e imponerles una sanción, de ser el caso1. Esta obligación emana principalmente de una de las fuentes primarias del derecho internacional, como son los tratados, convenciones, pactos y demásinstrumentos internacionales vinculantes para los Estados. Su contenido y alcance han sido fijados por los órganos internacionales —universales y regionales— de protección de derechos humanos. En este artículo queremos presentar, por una parte, los aspectos normativos, de fuente convencional, universal y regional, que dan fundamento a esta obligación estatal, y por otra parte, algunos desarrollosjurisprudenciales, especialmente en el ámbito regional interamericano, que dan contenido a esta obligación.
La obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos está establecida en los tratados generales de protección de derechos humanos Tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, el Pacto) como enla Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante, la Convención Americana), la obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos hace parte de las obligaciones de respetar y garantizar, y del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en dichos tratados. De acuerdo con el artículo 2.1 delPacto Internacional 2 y el artículo 1.1 de la Convención Americana3, los Estados Parte se obligan a respetar y garantizar todos los derechos y libertades contenidos en el Pacto y en la Convención. Mientras que la obligación de respeto implica límites a la actuación de los órganos y agentes del Estado, que se derivan del contenido de los derechos protegidos por dichos tratados, la obligación degarantía supone que los Estados tienen el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción, sin ningún tipo de distinción o discriminación. El contenido de la obligación de garantía ha sido interpretado por la Corte Interamericana, desde su primera



1 Al respecto existe una muy amplia bibliografía que se ha venido retroalimentando con el desarrollo de lajurisdicción universal y el establecimiento de una Corte Penal Internacional. Dada la imposibilidad de hacer una enumeración exhaustiva de esta extensa bibliografía, sugerimos la consulta de algunas de las obras pioneras en esta discusión: Roht-Arriaza, Naomi, Impunity and Human Rights in International Law and Practice, New York-Oxford, 1995, Mendez, Juan, Accountability for Past Abuses, in HumanRights Quarterly, Vol. 19 (1997), Washington D.C. p. 255-282 y Ambos, Kai, Impunidad y Derecho Penal Internacional, Buenos Aires, 1999. En esta línea, no podemos dejar de mencionar el artículo de Diane Orentlicher, Setting accounts: the duty to prosecute human rights violations of a prior regime, The Yale Law Journal, vol. 100, No. 8, junio 1991, p. 2537-2615. 2 El artículo 2.1 del Pacto dice: “Cadauno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra...
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