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1. Caso de las Masacres de Ituango
Pese al aviso por parte de la sociedad civil de su temor y preocupación por la posibilidad de una incursión armada paramilitar en la zona de Ituango, el 10 de junio de 1996 el Comando del Batallón Girardot dio la orden de retirar la mayoría de las unidades que operaban en la zona y desplazarlas al sector de Santa Lucía y otras veredas alejadas de La Granja. El11 de junio de 1996 cerca de 22 hombres fuertemente armados con fusiles y revólveres, miembros de grupos paramilitares, se dirigieron en dos camionetas al municipio de Ituango, específicamente al corregimiento de La Granja. El grupo paramilitar inició su recorrido en las cercanías del municipio de San Andrés de Cuerquia, donde pasaron a corta distancia de un comando de policía, sin que la fuerzapública adoptara medida alguna para detenerlos. Se asesinaron a varias personas de la comunidad.

Una vez consumada la incursión en La Granja, la sociedad civil de Ituango mostró nuevamente su preocupación. En este contexto, entre los días 22 de octubre y 12 de noviembre del año 1997 tuvo lugar una incursión paramilitar en el corregimiento de Builópolis, más conocido en la región de Ituango comoEl Aro. La cadena de ejecuciones selectivas perpetradas por un grupo paramilitar que se movilizó por varios días a pie con la aquiescencia, tolerancia o apoyo de miembros de la Fuerza Pública, se inició en el corregimiento de Puerto Valdivia, punto de partida de su recorrido. El grupo paramilitar obligó y forzó, bajo amenaza de muerte, a diecisiete residentes del área a arrear ganado robadodurante diecisiete días a varios puntos de destino. Los arrieros no recibieron ningún tipo de remuneración por el trabajo realizado.
2. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro)
Considerandos jurídicos de la resolución:

En cuanto a la obligación establecida en el punto resolutivo cuarto de la Sentencia, el Estado inicialmente informó que existía, desde fines de septiembre de 2007,un acuerdo con los intervinientes comunes sobre la conformación de una comisión de evaluación, con dos miembros representantes de las víctimas, dos miembros del Estado, y un quinto escogido de común acuerdo por ambas partes. Dos meses después, los intervinientes designaron a los representantes de las víctimas y propusieron una terna para escoger al quinto integrante. El 23 de noviembre de 2007 elEstado recibió una carta del señor Saré, representante de un grupo de víctimas, en que manifestaba estar en desacuerdo con las designaciones realizadas por los intervinientes comunes. Posteriormente, los intervinientes comunes y el Estado informaron acerca de la creación, mediante una Resolución Suprema de 19 de julio de 2008, de una Comisión Especial de Evaluación (en adelante “CEE”), la cualhabría iniciado funciones el 4 de agosto del mismo año.

Luego de haber consensuado con los intervinientes comunes la creación de un órgano, el Estado no continuó con ese mecanismo y estableció mediante una Resolución Suprema la CEE, con el fin de dar cumplimiento al punto resolutivo 4 de la Sentencia. Sin embargo, el Estado no brindó explicación alguna respecto al cambio en la modalidad decumplimiento de dicho punto resolutivo. Además, no ha proporcionado información suficiente sobre el procedimiento que llevó a la creación y conformación de dicho órgano, así como para la elección de sus miembros. A su vez, la conformación y decisiones de la CEE parecen haberse adoptado fuera de los plazos señalados en la Sentencia al efecto. Los intervinientes comunes, por su parte, se opusieron a laconstitución y decisiones de esa CEE y solicitan audiencia.

En los términos del párrafo 149 de la Sentencia, para efectos de los trámites relacionados con el procedimiento ante el órgano independiente e imparcial que se creara, el Estado debía establecer un mecanismo específico que brindara a las víctimas asesoría legal competente de forma gratuita para la determinación de sus derechos. En este...
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