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STC 68/2007, de 28 de marzo de 2007

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta, don Guillermo Jiménez Sánchez, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Ramón Rodríguez Arribas, don Pascual Sala Sánchez y don Manuel Aragón Reyes,Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA

En los recursos de inconstitucionalidad acumulados núms. 4781-2002 y 4915-2002 interpuestos, respectivamente, por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, representado por la Letrada de la Junta de Andalucía, y por el Procurador de los Tribunales don Roberto Granizo Palomeque, actuando en nombre y representación de más decincuenta Diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida y Mixto del Congreso de los Diputados, contra el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad. Ha comparecido y formulado alegaciones el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado. Hacomparecido el Senado. Ha sido Ponente el Magistrado d Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, quien expresa el parecer del on Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 31 de julio de 2002 la Letrada de la Junta de Andalucía, en la representación que ostenta, presentó recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 5/2002,de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, que fue registrado con el núm. 4781-2002. 2. En el escrito de interposición del recurso se sostiene, en síntesis, lo siguiente: a) Comienza el recurso justificando el cumplimiento de las exigencias de plazo y legitimación. El recurso se interpone una vez publicado, en el BOE de25 de mayo de 2002, el Real Decreto-ley impugnado, como establece el artículo 31 LOTC, y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la mencionada publicación, como previene el artículo 33 LOTC. De igual modo considera que el recurso cumple con las exigencias de legitimación previstas en el artículo 32.2 LOTC, al entender que la norma estatal objeto de impugnación afecta al ámbito propio dela Comunidad Autónoma, dado que se extiende al círculo de sus intereses peculiares, a los que afecta; sin que exista duda de que la conexión material existente entre la Ley estatal y el ámbito competencial justifican el recurso. b) Por lo que hace al primer motivo de impugnación, el mismo fundamenta la declaración de inconstitucionalidad del Real Decreto-ley 5/2002 en el incumplimiento de lospresupuestos constitucionales exigidos por el artículo 86.1 CE, al no concurrir, en este caso, una situación de “extraordinaria y urgente necesidad”. Tras repasar con detenimiento la doctrina sentada por este Tribunal en relación con la habilitación constitucional para el dictado de decretos-leyes, concluye la Letrada

de la Junta de Andalucía que, acudiendo al texto del Preámbulo del RealDecreto-ley, nos encontramos con que, si bien puede admitirse la existencia de la “necesidad” requerida, en modo alguno puede apreciarse el carácter “extraordinario” y “urgente” de la misma. Respecto a la calificación de la situación de necesidad como “extraordinaria”, no alcanza la recurrente a entender que pueda el Gobierno ampararse en la genérica frase del “aprovechamiento de oportunidades” parajustificar lo extraordinario de una situación, máxime si se tiene en cuenta que nuestro País soporta una elevada tasa de paro que se prolonga en el tiempo. Por otro lado tampoco se cumple el requisito de la “urgencia”, sin que pueda confundirse lo “urgente” con lo “inmediato”, llamando particularmente la atención el hecho de que se justifique la utilización del Decreto-ley en razón a la “situación...
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