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La vuelta a la democracia: el gobierno de Raúl Alfonsín

A partir del 10 de diciembre de 1983, el nuevo gobierno democrático tuvo que enfrentarse con los problemas económicos que la dictadura había dejado. Algunos de estos problemas, como la inflación, persistían desde hacía décadas. El desempleo y la disminución del producto industrial, consecuencias directas de la aplicación de la políticaeconómica de Martinez de Hoz, representaban un problema difícil de solucionar. A su vez, la enorme deuda externa pública contraída durante la dictadura era otra traba para la reactivación económica Argentina ya que a principios de 1983, tras la traumática moratoria de la deuda externa mexicana y la impresionante suba de las tasas de interés, se impone a los países dependientes y deudores el modelode ajuste estructural(los países deudores deben honrar los compromisos financieros internacionales a toda costa).

Por otra parte, Alfonsín debía encargarse de democratizar el sistema político argentino y de castigar a los militares responsables de la desaparición y muerte de diez mil personas. La U.C.R, con su estilo moderado, liberal y sus convicciones democráticas, parecía ideal para presidirun período de convalecencia después de los tiempos de violencia vividos. Sin embargo, la vigencia de las instituciones republicanas no alcanzaba para desarmar la trampa económica heredada del gobierno militar y responder a los reclamos populares. A su vez, el malestar militar por el juzgamiento a las Juntas Militares, que se evidenció en los levantamientos carapintadas(rebeliones de mandos mediosdel Ejército, caracterizados por el uso de camuflaje), añadía otra cuota de seria inquietud.

El 10 de diciembre de 1983, el presidente Raúl Alfonsín inició su gobierno civil y, mediante el Decreto 187, creó 15 de diciembre de 1983 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), con el objeto de «esclarecer los eventos trágicos en que miles de personas desaparecieron».Elinforme de la CONADEP, Nunca Más, publicado en noviembre de 1984, catalogó 8.960 casos de desapariciones, enumeró 340 centros clandestinos de secuestro en Argentina y concluyó que las fuerzas armadas habían violado los derechos humanos de forma organizada, sirviéndose del aparato del Estado.

En 1983, el régimen militar había firmado una ley de amnistía para asegurar la impunidad de sus crímenes. Sinembargo, con la restauración del orden institucional ese mismo año, esta medida fue anulada y se ordenó el enjuiciamiento de los comandantes de las Juntas Militares que rigieron Argentina durante el régimen de facto así como los demás militares responsables de violaciones a los derechos humanos. Nueve comandantes militares fueron procesados.

Luego de un intrincado proceso de apelación, cincocomandantes fueron condenados a prisión en 1985. Otras causas contra militares fueron igualmente abiertas. Sin embargo, la necesidad de justicia de la sociedad Argentina fue frustrada cuando, en 1986 y 1987, Alfonsín decretó las denominadas "Leyes del Perdón"(Ley de Obediencia Debida y Punto Final), las cuales pusieron un límite de tiempo para presentar pruebas y aliviaron la responsabilidad demilitares de menor grado que actuaron en la represión durante la última dictadura militar argentina.

Los funcionarios económicos del gobierno radical, eran conscientes de la magnitud y la profundidad de las transformaciones en la estructura económica y social que había producido la política económica de la dictadura militar. Sabían también que, a causa de esta reestructuración, sería muy difícilreactivar la economía y al mismo tiempo, contener la inflación, equilibrar el déficit fiscal y pagar la deuda externa.

Por estas razones, para el primer gobierno democrático, la elección de la orientación económica significó un gran desafío. Hacia fines de 1983, la inmensa mayoría de la población tenía expectativas en el sentido de que el retorno a la democracia iba a ser acompañado por un...
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