Ordenamiento Fiscal

Ordenamiento fiscal

La conformación de un pacto social sobre la política fiscal puede evaluarse tomando en cuenta la actuación e intereses de diversos grupos o actores sociales y el papel de las instituciones en condicionar la interacción social y sus resultados. Diversos análisis teóricos, así como las experiencias de países con distinto grado de desarrollo, demuestran que es útil evaluarun pacto social sobre la política fiscal tomando en cuenta el marco institucional en que se acuerda la política fiscal, así como sus resultados en términos de niveles y tendencias del origen, monto y destino de los recursos del Estado. Cuando el marco institucional asegura un cumplimiento cuasi-voluntario de las obligaciones tributarias y un control ciudadano del monto y destino de los recursos,puede garantizarse una política fiscal sólida y sostenible, mientras que las políticas fiscales que resultan de la coerción y la confrontación, o de limitadas negociaciones entre élites, son más vulnerables y eventualmente insostenibles
El Estado guatemalteco se ha caracterizado por insuficientes ingresos para afrontar los retos del desarrollo económico, a la par de una larga historia dereformas tributarias fracasadas en las que han incidido grupos de interés fuertes y bien organizados, incluyendo al sector empresarial en particular, lo cual ha coincidido con un precario sistema de representación y mediación de las relaciones de poder y con un poder ejecutivo débil. Históricamente se han dado dos formas alternativas de relación entre el sector empresarial y el poder ejecutivo: lanegociación entre la élite tecnocrática correspondiente al gobierno de turno y la dirigencia empresarial; o la confrontación, que ha incluido paros empresariales, la movilización de la opinión pública y la interposición de recursos de inconstitucionalidad. Como consecuencia, las características principales de la política fiscal habían sido bajos e inestables ingresos tributarios, reducidasasignaciones para el gasto social unido a deficiencias en la gestión del mismo, incluyendo la inexistencia de instrumentos técnicos para medir la calidad del gasto y una alta concentración del gasto en la región central del país, entre otros. Lo anterior, ha provocado que los indicadores sociales en Guatemala sean de los más rezagados de América Latina.
La negociación de un Pacto Fiscal en Guatemala seinició en 1999 y culminó un año más tarde con un gran acuerdo nacional suscrito por una amplia diversidad de sectores, que parecía haber abierto un espacio para crear un marco institucional renovado que permitiera que el conjunto de fuerzas políticas y sociales guatemaltecas llegaran a un acuerdo duradero sobre la política fiscal. La naturaleza más general de los principios y compromisoscontenidos en el acuerdo global sobre el Pacto Fiscal permitió que diferentes visiones gremiales y sectoriales convergieran en relación a lineamientos útiles pero generales sobre política fiscal. Luego, y pese a que la sociedad civil y el sector privado lograron un acuerdo sobre una reforma tributaria, éste no fue apoyado por el Congreso por dos razones: la mayoría del Legislativo consideró que no habíasido suficientemente consultada y el poder ejecutivo no tuvo la capacidad de coordinar posiciones. Se perdió la oportunidad de aprobar una reforma tributaria en el marco de un pacto fiscal más amplio, sin mayor costo político.
Lo anterior fue la antesala de una nueva etapa de confrontación, equivalente a retomar el marco institucional que regía antes de la suscripción del Pacto Fiscal, que segeneró en el momento (2001) en que el poder ejecutivo y la mayoría en el Congreso decidieron aumentar las tasas del IVA y de un impuesto sobre activos netos o ventas. La confrontación que generó, se manifestó de diferentes formas, entre ellas la interposición de recursos de inconstitucionalidad por el sector empresarial en contra de las medidas tributarias, lo que al final debilitó las finanzas...