Pepe
La ley no prohíbe la extracción de metales, solo la condiciona a que en lamisma se garantice la protección de los recursos hídricos, cuestión que es vital para Mendoza. Para esto las empresas deben elaborar proyectos que no contemplen métodos contaminantes, sustituyendolas sustancias tóxicas por otras que no sean nocivas para la salud humana y de los ecosistemas. La norma legal fue sancionada luego de intensos debates entre sectores sociales que se oponen a lamegaminería y otros que la impulsan. Finalmente, los legisladores decidieron priorizar el interés público por sobre el privado y dieron su aprobación el 20 de junio de 2007. Inmediatamente algunas empresasmineras, asociaciones profesionales y particulares presentaron recursos ante la Corte Suprema de Justicia, buscando una declaración de inconstitucionalidad que anulara los efectos de esta norma. Elconflicto estaba planteado. Las acciones judiciales avanzaron a paso lento hasta el año pasado, en que las causas entraron en la recta final, previa a la decisión de los supremos.
A pesar de todo lavotación fue desfavorable y el superintendente, acorralado y sin banca política, decidió renunciar. Con ello Mendoza perdió una oportunidad histórica de conocer la verdad acerca de las supuestas coimasque funcionarios de este organismo habrían cobrado por habilitar pozos de agua en una zona de enorme vulnerabilidad hídrica, obviamente en desmedro de pequeños agricultores ubicados en las zonasdistales de los ríos. Con este antecedente, la duda que se cierne sobre el Dr. Adaro parece razonable.
Entonces, ¿qué hacemos con esta situación?. La relevancia social, ecológica y económica de esta...
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