Politica Criminal
Páginas: 11 (2738 palabras)
Publicado: 28 de enero de 2013
INTRODUCCION
El Estado Venezolano debe garantizar la protección de los ciudadanos a través de los órganos de seguridad ciudadana, respetando en todo momento la dignidad y los derechos humanos de toda persona; tal como lo contempla el precepto constitucional venezolano en su artículo 55, el cual da paso a la elaboración de leyes y decretos especiales en la materia, que permiten ampliarel ámbito de aplicación del concepto de seguridad ciudadana dentro de un verdadero Estado democrático y social de derecho y de justicia.
En consecuencia, es responsabilidad del Estado elaborar una política criminal que permita garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, orientada en acciones en torno a aspectos relevantes como lo es la Política Social, de Seguridad y la Jurídica las cuales son Políticas de Estado que se originan como Políticas públicas permitiendo coadyuvar como elementos constitutivos del proceso de gobernabilidad del Estado. El presente informe presenta una descripción general acerca de política criminal, sus características y objetivos, asimismo contempla la situación actual de la política criminal del Estado Venezolano.DEFINICION:
La Política Criminal es el conjunto de medidas de las que se vale el Estado para enfrentar la criminalidad (delito-delincuente) y la criminalización (pena y función re-socializadora); especialmente en su prevención, represión y control; tomando en cuenta a su vez que la política criminal puede ser vista como acto de control social y solución de conflictos, dirigida hacia las acciones humanas consideradas violentas o nocivas.
POLÍTICA CRIMINAL Y REALIDAD SOCIAL
La descripción esquemática de cómo el Estado ha reaccionado legislativamente frente al fenómeno delictivo, no puede ser bien comprendida si no se tiene en cuenta el contexto socio-político en que se produce. Estano es la obra en que debe analizar exhaustivamente esa realidad. Pero, así como el estudio la evolución histórica de nuestro derecho penal, creemos necesario hacer las siguientes reflexiones.
Aunque sea una verdad trivial, no se puede dejar de decir, que el orden jurídico, en general, y el penal, en particular, están vinculados, estrechamente, a la realidad social, económica y cultural delpaís. Todo cambio socio económico y político repercute en la legislación y en la administración de justicia. Esta vinculación, se refleja, igualmente, en relación con la labor que realizan los juristas. La concepción doctrinaria que elaboren no puede dejar de tener en cuenta estas circunstancias. De igual manera, no es posible -sin un adecuado conocimiento de la realidad- elaborar y aplicar unaPolítica criminal coherente y eficaz.
La severidad de la pena prevista en la ley respecto al acto imputado al detenido determina las condiciones de su detención. Lo mismo puede decirse que la pena requerida por el Ministerio Público –determinada a su vez por la fijada legislativamente- condicione el juzgamiento del acusado. Así se origina un círculo vicioso de consecuencias desastrosas para quienes detenido como simplemente sospechoso.
El problema se origina no tanto en razón de la incapacidad funcional de los órganos de juzgamiento o del número de funcionarios, sino, sobre todo, al carácter eminentemente represivo del sistema penal. Además, su aplicación es realizada de acuerdo a reglas procesales deficientes e incompletas que los magistrados interpretan de manera demasiadolegalista. Aunque las leyes procesales y también la Constitución consagran los principios fundamentales del derecho liberal; y a pesar que éstos son, frecuentemente, invocados por los jueces en sus resoluciones, es innegable que dichos principios son desnaturalizados. Por ejemplo, la presunción de inocencia del inculpado pierde casi toda su significación cuando, antes de declararlo inocente, se le...
El Estado Venezolano debe garantizar la protección de los ciudadanos a través de los órganos de seguridad ciudadana, respetando en todo momento la dignidad y los derechos humanos de toda persona; tal como lo contempla el precepto constitucional venezolano en su artículo 55, el cual da paso a la elaboración de leyes y decretos especiales en la materia, que permiten ampliarel ámbito de aplicación del concepto de seguridad ciudadana dentro de un verdadero Estado democrático y social de derecho y de justicia.
En consecuencia, es responsabilidad del Estado elaborar una política criminal que permita garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, orientada en acciones en torno a aspectos relevantes como lo es la Política Social, de Seguridad y la Jurídica las cuales son Políticas de Estado que se originan como Políticas públicas permitiendo coadyuvar como elementos constitutivos del proceso de gobernabilidad del Estado. El presente informe presenta una descripción general acerca de política criminal, sus características y objetivos, asimismo contempla la situación actual de la política criminal del Estado Venezolano.DEFINICION:
La Política Criminal es el conjunto de medidas de las que se vale el Estado para enfrentar la criminalidad (delito-delincuente) y la criminalización (pena y función re-socializadora); especialmente en su prevención, represión y control; tomando en cuenta a su vez que la política criminal puede ser vista como acto de control social y solución de conflictos, dirigida hacia las acciones humanas consideradas violentas o nocivas.
POLÍTICA CRIMINAL Y REALIDAD SOCIAL
La descripción esquemática de cómo el Estado ha reaccionado legislativamente frente al fenómeno delictivo, no puede ser bien comprendida si no se tiene en cuenta el contexto socio-político en que se produce. Estano es la obra en que debe analizar exhaustivamente esa realidad. Pero, así como el estudio la evolución histórica de nuestro derecho penal, creemos necesario hacer las siguientes reflexiones.
Aunque sea una verdad trivial, no se puede dejar de decir, que el orden jurídico, en general, y el penal, en particular, están vinculados, estrechamente, a la realidad social, económica y cultural delpaís. Todo cambio socio económico y político repercute en la legislación y en la administración de justicia. Esta vinculación, se refleja, igualmente, en relación con la labor que realizan los juristas. La concepción doctrinaria que elaboren no puede dejar de tener en cuenta estas circunstancias. De igual manera, no es posible -sin un adecuado conocimiento de la realidad- elaborar y aplicar unaPolítica criminal coherente y eficaz.
La severidad de la pena prevista en la ley respecto al acto imputado al detenido determina las condiciones de su detención. Lo mismo puede decirse que la pena requerida por el Ministerio Público –determinada a su vez por la fijada legislativamente- condicione el juzgamiento del acusado. Así se origina un círculo vicioso de consecuencias desastrosas para quienes detenido como simplemente sospechoso.
El problema se origina no tanto en razón de la incapacidad funcional de los órganos de juzgamiento o del número de funcionarios, sino, sobre todo, al carácter eminentemente represivo del sistema penal. Además, su aplicación es realizada de acuerdo a reglas procesales deficientes e incompletas que los magistrados interpretan de manera demasiadolegalista. Aunque las leyes procesales y también la Constitución consagran los principios fundamentales del derecho liberal; y a pesar que éstos son, frecuentemente, invocados por los jueces en sus resoluciones, es innegable que dichos principios son desnaturalizados. Por ejemplo, la presunción de inocencia del inculpado pierde casi toda su significación cuando, antes de declararlo inocente, se le...
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