Principio de legalidad y criterios de oportunidad en el proceso penal salvadoreño

I. Preliminares
Las tendencias contemporáneas del derecho procesal, propugnan por el imperio del proceso bajo el sistema acusatorio y dejar a un lado el sistema inquisitivo. El derecho procesal salvadoreño no está excluido de estas corrientes, y es así como en la actualidad contamos con un Código Procesal Penal de reciente creación en el que se recogen evidentemente los principios fundamentalesdel sistema acusatorio, lo cual se encuentra plasmado en el Considerando II de este cuerpo normativo: “Que el actual Código Procesal Penal, mantiene normas de carácter inquisitivo que no facilitan una pronta y efectiva administración de justicia, haciéndose necesario un nuevo Código que, basado en normas de tendencia acusatoria, viabilicen la justicia penal”.

El principio acusatorio implica queuna determinada parte, en el Estado, ejerza la acusación, con lo cual se diferencia la actividad jurisdiccional y la acusatoria. Se concibió de esta manera la solución de diferenciar las dos funciones, las que anteriormente en nuestro sistema penal estaban en manos de un solo órgano (el Juez), quien se convertía en investigador y juzgador, y que se ve ahora limitado a la función jurisdiccionalpropiamente.

En definitiva, la Fiscalía General de la República, goza de una naturaleza dual, y con ello dos características esenciales: una pública, que responde a la idea de que el delito afecta a toda la sociedad estando ésta interesada en su persecución, y además su actuación ha de basarse en la legalidad. Al Ministerio Público le corresponde entonces: “… Promover de oficio o a petición departe la acción de la justicia en defensa de la legalidad” (…); y “promover la acción penal de oficio o a petición de parte;” (Artículo 193 ordinales 2° y 4° de la Constitución).

En esta línea de pensamiento, la reforma a nuestro sistema procesal penal exige de la Fiscalía General de la República, un papel protagónico, en cuanto que se le han señalado una serie de facultades o mas bien,atribuciones, de tal entidad, que es el órgano sobre quien recae la obligación de dirigir la investigación del delito, promover la acción penal, velar por el respeto a los derechos y garantías individuales del imputado, así como procurar la conservación o protección de los derechos de la sociedad.

Las funciones de promover la acción penal y de garantizar los derechos individuales del imputado, podríanllegar en un momento a ser motivo de fricciones funcionales intrínsecas, es decir, el ejercicio de una en menoscabo de la otra; y es que por tradición, en nuestro medio se tiene la concepción de la Fiscalía, como aquella entidad cuyo único interés es la persecución penal y la concreción de la pena sobre el responsable del delito.

El Ministerio Público, no obstante su rol de persecutor penal,debe en todo momento también desempeñar su posición de garante de la legalidad (ambas funciones son de orden constitucional), teniendo entonces la tarea no solo de incriminar, sino también la de actuar en favor del imputado, recabando prueba de cargo, así como de descargo (Artículo 238 inciso 2 del Código Procesal Penal), y velando porque le sean respetados sus derechos y garantías individuales.II. Acción penal pública y principio de legalidad

Constitucionalmente, corresponde así el monopolio de la acción penal pública (de oficio o previa instancia particular) al Fiscal General de la República (no es materia de estas líneas el estudio de la acción penal privada). La acción penal, es la puesta en marcha del órgano jurisdiccional a fin de que éste se pronuncie acerca de un determinadohecho que se presume subsumido en una norma penal sustantiva, así como respecto de las personas a quienes se les señala la realización del mismo.

De lo antes dicho, se puede partir para afirmar que la base para que la Fiscalía inicie las investigaciones sobre un hecho, y el posterior requerimiento ante el Juez Penal, es que el hecho conocido, se adapte a la descripción hecha en una norma por...