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INTRODUCCCIÓN.

La lucha por el reconocimiento de los derechos humanos por ende, los políticos y económicos, aporta consigo la titularidad de esos derechos, quien reclame un derecho debe demostrarlo, dicen los principios del derecho civil. En consecuencia, la titularidad no es más que la demostración auténtica que otorga un derecho al agraciado.

Pero, ¿cómo ejercerlos?: sin másque el hecho cierto de la ocupación pública, pacífica y con ánimo de hacerse dueño; esta situación, acarrea a los individuos de forma individual o colectiva a proceder a regular su situación jurídica de sus bienes que poseen frente a terceros. El derecho a la propiedad es el derecho sobre la cosa propia e históricamente es el primero de los derechos subjetivos.

En el mismo orden deideas, la sociedad enfrenta nuevos retos, el Estado y el derecho no pueden permanecer ajenos; lo cual impone la ejecución de determinados actos acompañados de un método apropiado que permita facilitar y simplificar el acceso a los derechos y garantías sobre los bienes y valores jurídicos protegidos con el fin de fortalecerlos; permitiendo la certeza y la seguridad jurídica en caso de conflictos entrepartes, para que así, se apliquen de forma integral los medios para la resolución de estos conflictos.

Los Comité de Tierras Urbanas (Comité de Tierra Urbana), constituyen una de las organizaciones sociales de base popular con mayor número de miembros y con mas amplia trayectoria que se enmarcan en la propuesta de democracia participativa sancionada en la Constitución de 1999 a través delas defensa del derecho a la ciudad y a una vivienda digna. Según información de la Oficina Técnica Nacional para la Regularización de la Tierra (OTNRTT) para el año 2006 existían casi 6.000 Comités de Tierra Urbana (Comité deTierra Urbana) a nivel nacional con presencia en la mayor parte de los barrios pobres y con una cobertura cercana al millón de familias; es decir, cuatro o cinco millones depersonas.






Según el Artículo 182 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa que “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales, que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entrelos ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos.


Con la participación protagónica de las comunidades organizadas en Comités de Tierra Urbana y siguiendo lo estipulado en el Decreto 1.666, emanado el 4 de febrero de 2002 de la Presidencia de la República, se adelanta en nuestro país el proceso de transferencia de la tenencia de las tierras urbanas ocupadas por barrios yurbanizaciones populares.



Con este Decreto (publicado en la Gaceta Oficial Nº 37.378), el Presidente de la República comienza a hacer realidad una vieja aspiración de miles de familias venezolanas que han construido sus viviendas y conformado comunidades de largo arraigo, en distintos lugares del país. El propósito del Ejecutivo es saldar una deuda histórica con los más desposeídos, hacerjusticia y actuar sobre aquellos condicionantes que determinan la situación irregular de los barrios, para reducir la presión social y espacial, y democratizar la ciudad.


Asimismo, con el Decreto 1.666, se cumple el deseo de los próceres de nuestra Independencia, quienes en la Primera Constitución de la República (1811) establecieron que “todas las personas deben vivir dentro de la ciudadpara auxiliarse mutuamente y reconocerse unos y otros como ciudadanos.

Con el inicio de este proceso, también se da cumplimiento a una de las obligaciones suscritas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 3 de enero de 1976), que señala, en su Artículo 11, que...