Relación entre el derecho procesal penal y la constitución politica

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DERECHO PROCESAL PENAL

1.- DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL EN EL DERECHO PROCESAL PENAL.

El proceso penal debe atender asuntos de trascendente envergadura, recogidos no solo en leyes o normas ordinarias, sino pautadas en la constitución. Así se tiene el artículo 44 de la carta política estipula que es deber primordial del estado garantizar la plena vigenciade los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y el desarrollo. Nadie negara que el delito encuadra perfectamente en esas amenazas a la seguridad y que por ello, el estado tiene que estructurar y poner en marcha un mecanismo que lo afronte, sin que esa preocupación por la seguridad autoricedejar de lado los derechos fundamentales también del justiciable incriminado, según las previsiones del amplio artículo 2 de la suprema ley.

_ La organización del proceso penal, entonces, exige un cuidadoso equilibrio entre dos extremos en permanente tensión, la obligación y potestad del estado de perseguir el delito y sancionar a sus autores, por un lado, y el respeto de los derechos ygarantías de los justiciables, por el otro. Si se rompiese este equilibrio se arruinarían los elevados objetivos del proceso penal. Preferir o sobredimensionar la persecución y la punición, bajo argumentos de eficacia a ultranza, conduciría a la arbitrariedad; extremar las garantías, hasta desnaturalizarlas, dejaría inane al sistema

_ Como en todo proceso penal se ventilan asuntos de mucha importancia:paz, tranquilidad, seguridad y derechos fundamentales, esencialmente libertad personal, las normas jurídicas que la regulan no pueden edificarse a espaldas a la CONSTITUCIÓN, la misma que cuenta con un programa procesal penal, que establece la orientación o el espíritu, modelo y las vigas maestras del mecanismo estatal de resolución de conflictos con relevancia jurídica.

_ Un atentorecorrido de la CONSTITUCIÓN confirma suficientemente lo dicho acerca de este programa proceso penal, que proyecta un cierto tipo de proceso y no cualquier suma amorfa de etapas y tramites. Veamos: como ya se adelanto, al estado le compete perseguir y sancionar el delito, para lo cual se sirve del proceso penal (artículo 44). Este mecanismo, al que son sometidos los imputados no puede dejar dereconocerles derechos y garantías como las que puntualmente se recogen en los artículos 2 y 139 de la ley fundamental. Asimismo, para que el proceso sea justo y transparente, para que las decisiones que emanen de él no respondan a intereses subalternos o conyulaterales, la constitución estipula que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el poder judicial independiente(artículos 138 y 139.2); en tanto encarga la persecución del delito, en lo que hace a su investigación, acusación y prueba de la misma o acreditación de pretensión punitiva estatal, a un órgano civil autónomo, el ministerio público (artículo 159), apoyado por la policía nacional, como brazo operativo (artículo 166); sin olvidar, el reconocimiento del derecho de defensa, habilitado para descargar ydesvirtuar las incriminaciones fiscales ( 139.14). Es más, la constitución, destacando la trascendencia que para el proceso penal tiene la actividad probatoria, estatuye como requisito primordial su legitimidad, de modo que para la carta política carecen de validez las pruebas que s e obtengan con violación de derechos fundamentales, según se coligen del artículo 2.10, 24.h referidos a las ofensascontra el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados y a la tortura u otros tratos inhumanos o humillantes. En lo que atañe al empleo de la fuerza o coerción durante el proceso, la suprema ley aporta los parámetros esenciales que regulan su aplicación al instituir los criterios de razonabilidad y proporcionalidad previstos en el artículo 200. Según se ve, los insumos...
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