resumen hstoria

Poder Judicial
Ministerio Público
Unidad de Capacitación

Manual de Derecho
Constitucional

Presentación
Es una verdad incontestable que el derecho –en cuanto estudio del sistema
jurídico− es una disciplina en constante formación, pues el ordenamiento jurídico
se modifica en virtud de los cambios sociales, económicos y criminales, entre
otros. Hoy la actividad de las organizacionesdelictivas, con grandes capacidades
de violencia y de corromper a los funcionarios públicos, se traduce en verdadera
crisis para los principios básicos del Estado de derecho recogidos por la constitución
política, en cuanto las garantías ciudadanas diseñadas para tutelar al acusado
frente al poder de los entes oficiales, se han desnaturalizado y puesto al servicio
de genocidas y capos de lacriminalidad organizada. Me opongo radicalmente a
las soluciones de hecho, pues con ello se pierde la democracia como vehículo
de la libertad individual. Pero no desconozco la necesidad de actualizar, tanto
desde el interno de los Estados como de los foros internacionales, la normativa
constitucional para hacer efectiva la persecución penal sin disminuir los derechos
fundamentales de losciudadanos.
Ante las nuevas formas, se ha mudado la concepción de garantía constitucional
en algunos casos: Así por ejemplo, resulta evidente la desaparición de la res
iudicata en materia penal, frente a delitos de competencia de la Corte penal
internacional, pues de dictarse sentencia absolutoria por los tribunales nacionales,
debe intervenir la Fiscalía penal internacional para abrir los procesosante la citada
corte. Asistimos a la ruptura de paradigmas, en cuanto la comunidad internacional
se ha arrogado el conocimiento de causas, inicialmente de competencia de los
tribunales internos estatales, para suplir en su lugar la justicia que se dejó de
aplicar. Intervención en asuntos internos de los Estados, desconocimiento de
la absolutoria venida en carácter de cosa juzgada por lostribunales nacionales,
cuestionamiento a la soberanía y a la libre autodeterminación de cada país, y,
hasta cierto punto, la presunción de inocencia porque el Fiscal penal internacional
interviene ante una absolutoria que considera injusta. La caída de la cosa juzgada
arrastra esta lista de garantías.
Por ello resulta más que oportuno y conveniente volver los ojos sobre la norma
fundamental,pues el derecho penal y el derecho procesal penal son derecho
constitucional aplicado. Basta pensar que la pena, de prisión o de multa,
es la suspensión individualizada de una garantía constitucional: la libertad
o la propiedad. Pero durante el curso del proceso penal, es normal encontrar
resoluciones judiciales que suspenden garantías constitucionales, como es el
caso del allanamiento, cuyoefecto es la pérdida temporal de la inviolabilidad del
domicilio y del derecho a la intimidad; la intervención telefónica, que suspende la
garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones; etc.

Por ello resulta refrescante el trabajo de Lucila Monge Pizarro, pues constituye
un aporte vital para el Ministerio Público, dentro del marco del Programa Poder
Judicial-BID. A la vez, nos abre lapuerta para reflexionar en los cambios necesarios
para luchar contra la criminalidad, y de preservar al individuo como centro y fin de
la organización social.
Conocí a la autora cuando estudiaba derecho y laboraba en el entonces Digesto
de jurisprudencia del poder judicial. Hoy, después de haberse posgraduado, nos
regala sus conocimientos adquiridos como letrada de la Sala constitucional dela Corte suprema de justicia, cargo que ha servido por muchos años. Se trata,
indudablemente, de un pequeño éxito en una carrera que se adivina creciente.
Gracias por su colaboración con el Ministerio Público, pues es una institución
que igual al derecho se encuentra en constate formación y pertenece a todos los
costarricenses.
Francisco Dall’Anese Ruiz
Fiscal General de la República...