Resumen stc 208/1999

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STC 208/1999, de 11 de noviembre.
La sentencia que nos atañe se trata de una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual se tramitan dos recursos de inconstitucionalidad acumulados promovidos, respectivamente, por el Gobierno Vasco y el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña contra la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia. Dichos recursos de inconstitucionalidadfueron presentados por separado (núms. 2009/89 y 2027/89) y con un día de diferencia, fueron admitidos a trámite y posteriormente acumulados bajo solicitud del Abogado del Estado y por conformidad de las partes.
Ambas representaciones de las CCAA sostienen que los preceptos recurridos de la LDC invaden las competencias de ejecución que sus respectivos Estatutos les reconocen respecto de la“defensa de la competencia”. Primero, porque esta materia no aparece entre las competencias reservadas al Estado que numera el art. 149.1 CE, y porque en los Estatutos de Autonomía éste sólo asume la competencia relativa a la “legislación” de la misma. Además, alegan que la materia “defensa de competencia” está integrada en la de “comercio interior”, de la que una y otra Comunidad Autónoma asumen lacompetencia con carácter exclusivo de sus (art. 10.27 EAPV y art. 12.1.5 EAC respectivamente), lo que deriva en que ambas Comunidades deberán tener competencia sobre la ejecución de la primera materia.
La Ley impugnada atribuye funciones ejecutivas en todo el territorio nacional a dos órganos de la Administración del Estado, estableciendo un sistema de aplicación completamente centralizado einvadiendo así las competencias autonómicas de ejecución de la materia que legisla. En concreto, las competencias de control, autorización y sanción, así como el procedimiento de acción de los Tribunales de Defensa de la Competencia y el Servicio de Defensa de la Competencia. No obstante, la reivindicación competencial no se formula en términos absolutos, ya que en ambos recursos se admite que algunasactuaciones de ejecución quedan en el ámbito de la competencia estatal.
Por otro lado, el Abogado del Estado alega que los preceptos impugnados son completamente constitucionales. Sostiene que las atribuciones de competencias a las CCAA deben de ser explícitas y no implícitas, por lo que éstas no habrán sido atribuidas por los respectivos Estatutos en lo que respecta a la ejecución de la materiade “defensa de la competencia”. Argumenta también que dicha materia no forma parte de la de “comercio interior” al no incluirse en el art. 149.1 CE, y al que poseer una sustantividad propia. Por ambos motivos corresponderá al Estado tanto la competencia legislativa como la ejecutiva, e invoca también a los arts. 139.1 y 149.1 en relación con el art. 38 CE en atención a las particularidades de estamateria.
Expuesto esto, el Tribunal Constitucional pasa a analizar el contenido y finalidad de la LDC, su relación con el derecho comunitario y la controversia competencial producida por la misma.
Respecto al contenido y finalidad de la LDC sostiene que dicha Ley persigue “garantizar la existencia de una competencia suficiente y protegerla contra todo ataque contrario al interés público”,siendo esto “compatible con las demás leyes que regulan el mercado”. Por tanto, está dirigida a salvaguardar un interés general, estableciendo un conjunto de intervenciones de los poderes públicos dirigidos a evitar prácticas y situaciones que puedan afectar seriamente a la concurrencia entre empresas.
Respecto a las relaciones entre las normas internas y las de Derecho comunitario, en las cualesestá inspirada la ley recurrida, la finalidad de unas y otras es garantizar el libre juego de los agentes que participan en el mercado, lo que no quita que la dimensión interna y la dimensión comunitaria de la protección de la libre competencia sean independientes. Así, pese a ser relevante la normativa comunitaria, sostienen que no debe condicionar su examen, que deberá llevarse a cao teniendo...
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