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Abril 2011 Número 7

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D

esde la creación de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, hace cerca de cinco años, la situación del sistema de educación superior en el país y la política pública para enfrentarla han sido dos de sus principales motivos de inquietud e investigación. En 2008 se llevó a cabo, con el apoyo de laComisión Fulbright - Colombia, un seminario internacional sobre el tema que se refirió a asuntos relacionados con la financiación, la falta de oportunidades para educación técnica y tecnológica, y la necesidad de mejorar la calidad de las universidades públicas regionales. En la actualidad, en un momento en el cual comienza a discutirse un proyecto de reforma de la Ley de educación superior, un debate dealtura sobre los problemas que aquejan a este sistema en Colombia es más apremiante que en años anteriores. Es muy claro que en el país no es solamente necesario aumentar la cobertura sino, por sobre todo, elevar la calidad de la formación a nivel superior y generar profesionales creativos, que tengan la capacidad para innovar y para generar los cambios económicos y sociales que se requieren enColombia. El diagnóstico sobre la situación presente del sistema de educación superior es bien conocido. Si bien su cobertura se ha incrementado y supera el 30% de los jóvenes en edad de realizar estudios técnicos, tecnológicos y profesionales, ésta continúa siendo baja. La deserción es, además, alta, como que en el primer año se retiran del sistema el 20% de los jóvenes admitidos. Y, para efectosprácticos, la educación técnica y tecnológica no existe o es claramente insuficiente, si se tiene en cuenta que por cada tres ingenieros que se gradúan lo hace únicamente un técnico profesional. La pregunta, formulada por el vicerrector académico de Los Andes hace algunos años, es ¿qué ocurre con los jóvenes que no acceden a la educación superior y cuál va a ser su futuro en términos laborales?Adicionalmente, en Colombia existe un fuerte desequilibrio regional en la oferta de educación superior, puesto que ésta se concentra en algunas de las principales ciudades del país, a pesar de que en la casi totalidad de las capitales de Departamento hay universidades públicas. De hecho, la distribución de la matrícula entre universidades privadas y públicas es muy peculiar; en 2005, se repartía pormitades entre los dos tipos de establecimiento. Esta distribución de responsabilidades implica que el 50% de los estudiantes debe pagar matrículas relativamente altas, porque la universidad privada se financia fundamentalmente con base en las matrículas y no ha logrado acceder, de manera importante, a otras fuentes de recursos. Y la educación superior de calidad es costosa; requiere de profesoresde planta, bien formados, lo mismo que de tecnología e infraestructura física adecuadas. De manera desafortunada, sin embargo, en las universidades privadas colombianas predominan los profesores de cátedra, lo cual incide negativamente sobre la calidad de la enseñanza. Cambiar el esquema implicaría una de dos: o un mayor apoyo del gobierno central a las universidades públicas en búsqueda de unamejora sustancial en la calidad, especialmente, en las diferentes regiones colombianas; o que las

Carlos Caballero Argáez Director Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo

matrículas en las entidades privadas sean altas y se reflejen en una mejor calidad, certificada seriamente por el Estado. De otra forma, se correría el riesgo—como viene sucediendo—de ofrecer al mercado profesionales que,por deficiencias en su formación, no encuentran empleo. El impacto de la reforma de la educación superior que ha planteado el gobierno del Presidente Santos, en la solución de los problemas diagnosticados, no es claro, a pesar de sus buenas intenciones. No parece que el gran problema del financiamiento vaya a resolverse por la vía de autorizar la existencia de institutos de educación superior...
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