sala constitucional


SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado-Ponente: JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO
El 30 de enero de 2007, los ciudadanos CIRO RAMÓN ARAUJO, MÓNICA HIDALGO, BETZAIDA PÉREZ SANTOYO, VICTOR HUGO ARAUJO y JAVIER RÍO BARRIOS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 9.372.239, 11.777.980, 8.219.738, 11.704385 y 6.284.761, respectivamente, en su carácter de CoordinadorRegional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, Coordinadora de Protección del Niño y del Adolescente del Área Metropolitana de Caracas, Coordinadora Nacional de Actuación Procesal de la Defensa Pública, Inspector de Defensa adscrito a la Coordinación de Vigilancia y disciplina de la Defensa Pública y Asesor Jurídico de la Defensa Pública, respectivamente, interpusieron, ante estaSala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad conjuntamente con medida cautelar innominada del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, promulgada el 29 de diciembre de 2006 y publicada en Gaceta Oficial No. 38.595 del 2 de enero de 2007.
El 1° de febrero de 2007, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado que,con tal carácter, suscribe el presente fallo.
Efectuado el estudio del caso, pasa esta Sala a pronunciarse en los términos siguientes:
DE LA ACCIÓN DE NULIDAD
Los representantes de la Defensa Pública fundamentaron su pretensión sobre la base de los argumentos que se resumen a continuación:
1.- Que “en el Título V, Capítulo IV, Sección Segunda de la Constitución está desarrollada la figura dela Defensoría del Pueblo, no observándose en los contenidos de los artículos, mención alguna de la Defensa Pública, cosa que no ocurre con el Capítulo III, Sección Tercera, referida al gobierno y administración del Poder Judicial, donde si está consagrada la Defensa Pública como institución autónoma perteneciente al Poder Judicial, lo anterior se encuentra estipulado en los artículos 267 y 268 dela Constitución (sic)”.
2.- Que “la Defensa Pública es un órgano del Poder Judicial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 267 constitucional, en consecuencia, no puede estar adscrita a un órgano integrante del Poder Ciudadano, salvo que se produzca una reforma constitucional (sic)”
3.- Que “la Defensa Pública está llamada a garantizar el derecho constitucional a la defensa de toda personaindividualmente concebida que lo requiera, siendo esto parte del contenido al debido proceso (sic)”.
4.- Que “sería contrario a derecho atribuir el servicio de la Defensa Pública a la Defensoría del Pueblo, por cuanto corresponde a este órgano velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos (sic)”.
5.- Que “también resulta ilógico atribuir el servicio de la Defensa Pública a laDefensoría del Pueblo, en virtud que por disposición constitucional, corresponde a este organismo instar al Fiscal General de la República para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos responsables de violación o menoscabo de los derechos humanos (…) ¿Cómo se podría concebir que la Defensoría del Pueblo, impulse contra alguna persona una investigaciónpenal y luego ésta misma institución deba proveer de Defensor Público al investigado, en caso que éste lo requiera? (sic)”.
6.- Que “un instituto como la Defensoría del Pueblo que se rige por una Ley Orgánica pueda asumir la Dirección, Gobierno y Administración de la Defensa Pública, cuando dicha ley no regula ni establece que la Defensa Pública es parte integrante de la Defensoría del Pueblo.Asimismo es incongruente pensar que una institución que por mandato constitucional se rige por una ley orgánica, como lo es la Defensoría del Pueblo, pueda albergar bajo su seno a otra institución que por igual mandato constitucional se rige también por una ley de igual rango, en este caso, la Defensa Pública (sic)”.
7.- Que “el constituyente en la Disposición Transitoria Cuarta, numeral quinto...