Sentencia constitucional

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 95/01
Sucre, 21 de diciembre de 2001

Expediente: N° 2001-03136-07-RDI
Partes: Mabel Cruz Romano, Guillermo Bedregal Gutiérrez, Erick Reyes Villa, Roberto Arispe, Andrés Solíz Rada y Eduardo Paz Rada, Diputados Nacionales
Materia: Recurso Directo o Abstracto de Inconstitucionalidad
Distrito: La Paz
Magistrado Relator: Dr. José Antonio Rivera SantivañezVISTOS

El Recurso Directo o Abstracto de Inconstitucionalidad planteado por Mabel Cruz Romano, Guillermo Bedregal Gutiérrez, Erick Reyes Villa, y Eduardo Paz Rada, Diputados Nacionales, demandando la inconstitucionalidad de la "Ordenanza Municipal Nº 202/2000 HAM-HCM 168/2000 publicada el 2 de febrero de 2001"; sus antecedentes, y

CONSIDERANDO I

Que, por memorial presentado el 27 deagosto de 2001, los recurrentes plantean el presente Recurso demandando la inconstitucionalidad de la "Ordenanza Municipal Nº 202/2000 HAM-HCM 168/2000 publicada el 2 de febrero de 2001", bajo los siguientes argumentos:

I.1 Que, la Ordenanza impugnada motivada por la percepción de ingresos no tributarios, desconoce actos administrativos de aprobación de planos de construcción y fraccionamientoemitidos por funcionarios municipales a partir del año 1996, y crea la figura de la "regularización" como una forma de encubrir la imposición de sanciones con carácter retroactivo y la demolición de inmuebles en caso de incumplimiento al pago de las mismas vulnerando los principios de seguridad jurídica, legalidad e irretroactividad previstos en los arts. 7 incs. a) e i), 16 y 33 de laConstitución.

Que, en cuanto al derecho a la seguridad jurídica, éste ha sido violado por cuanto la Ordenanza impugnada le niega al administrado la certeza que tal derecho le otorga al haber dispuesto en su art. 1º "el inicio de un proceso excepcional de regularización de construcciones, que a partir de 1996 se encuentren con planos fuera de normas"; es decir que no sólo niega la presunción de legitimidadde los actos administrativos de aprobación de planos de construcción y fraccionamiento emitidos por gestiones ediles anteriores a la del Alcalde Juan del Granado, sino que los revoca de manera general, lo cual demuestra un evidente exceso de poder.

I.2 Que, si entre los años 1996 y 2000, los funcionarios públicos dependientes del órgano administrativo denominado Gobierno Municipal de La Paz,aprobaron planos de construcción, estos actos administrativos crearon, reconocieron y declararon derechos subjetivos a favor de los administrativos reflejados en autorizaciones para construir edificaciones destinadas a viviendas o usos comerciales que debieron concluir con la aprobación de los fraccionamientos. A su vez, los actos de aprobación de planos con la certeza que deviene de su emisiónpor autoridades o funcionarios públicos que representaban en ese momento histórico a un órgano del Estado, generaron no sólo el inicio de obras, sino una serie de contratos y obligaciones. En consecuencia, la previsibilidad de contar con la aprobación por la Alcaldía Municipal, ha resultado afectada por la Ordenanza impugnada.

Que, el Concejo y el Alcalde del Gobierno Municipal de La Paz,debieron entender que antes de hacer uso de su facultad normativa, estaban impedidos por la propia Constitución de ponerse en contradicción con sus propios actos, pues no podían ejercer una conducta incompatible con la asumida anteriormente por quienes en función reglada actuaron en nombre del mismo órgano municipal. Que al efecto, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional Nº 223/2000 de15 de marzo de 2000, vinculada al principio de seguridad jurídica estableció que cuando el Estado realiza un acto jurídico o emite una disposición, ésta no sólo compromete a los funcionarios que circunstancialmente firmaron la misma, sino al organismo en cuestión, que está obligado a su cumplimiento, y consecuentemente a respetar el derecho que tiene el ciudadano a que no cambien las reglas...
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