sentencia c-530 del 200

Sociedades de Contadores Públicos
Corte Constitucional. Sala Plena. M.P. Antonio Barrera Carbonell. Sentencia C-530 del 10 de mayo de 2000. Expediente D-2563.
Síntesis: Sentido y alcance de la Ley 43 de 1990. Compatibilidad entre la vigilancia que ejerce la Junta Central de Contadores y la que cumple la Superintendencia de Sociedades sobre las sociedades de contadores públicos. Sanción acontadores. Principios generales de la contabilidad. El Consejo Técnico no tiene facultades para expedir normas contables. Funciones públicas del contador.
[§ 061] «II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
1. NORMAS *
"Artículo 5. De la vigilancia estatal. Las sociedades de contadores públicos estarán sujetas a la vigilancia de la Junta Central de Contadores.
Artículo 26. De la cancelación.Son causales de cancelación de la inscripción de un contador público las siguientes:
1. Haber sido condenado por delito contra la fe pública, contra la propiedad, la economía nacional o la administración de justicia por razón del ejercicio de la profesión.
(...)
Parágrafo 1º. Se podrá cancelar el permiso de funcionamiento de las sociedades de contadores públicos en los siguientes casos:
a)Cuando por grave negligencia o dolo de la firma, sus socios o los dependientes de la compañía, actuaren a nombre de la sociedad de contadores públicos y desarrollaren actividades contrarias a la ley o a la ética profesional.
b) Cuando la sociedad de contadores públicos desarrolle su objeto sin cumplir los requisitos establecidos en esta misma ley.
Para la aplicación de las sanciones previstas en esteartículo, se seguirá el mismo procedimiento establecido en el artículo 28 de la presente ley. Y los pliegos de cargos y notificaciones a que haya lugar se cumplirán ante el representante legal de la sociedad infractora".
(…)
1.3 ANALISIS DE LOS CARGOS
1.3.1 Para sustentar la inconstitucionalidad de las normas antes relacionadas, así como de las demás disposiciones acusadas de la ley 43/90, elactor alude recurrentemente al argumento de la llamada"inconstitucionalidad por consecuencia", citando al efecto la sentencia C-131/97 de esta Corporación. En efecto, según el demandante, como la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 27 de septiembre de 1990 (expediente No. 2205 -0-10- M.P. Fabio Morón Díaz), declaró inexequibles algunas expresiones del art. 20-3 del art. 29 y el numeral 2del art. 33, del proyecto de ley No. 39 de 1984 Cámara y 236 del mismo año, que fue objetado por el Gobierno y que luego se convirtió en la ley 43/90, las normas de esta ley, que están vigentes, y que según él resultan incompatibles con el proveído de dicha Corporación, son inconstitucionales por consecuencia.
En tal virtud, la Corte precisa lo que su jurisprudencia1 ha señalado en torno a dichafigura, de la siguiente manera:
Ha sostenido la Corte que cuando es declarada inexequible una norma que es el origen o la causa o constituye el fundamento para la expedición de otras, deben desaparecer también del ordenamiento jurídico todas las que se expidieron en desarrollo de aquélla, por ausencia de causa jurídica.
Pero debe tenerse en cuenta que este tipo de inconstitucionalidad resultasólo cuando existe una relación de causa a efecto entre la norma causal o determinante y la derivada.
Es equivocado el planteamiento del actor, porque: i) el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sólo se refirió a unas normas concretas que fueron objetadas por el Presidente de la República. No es extensible, por consiguiente, el alcance de su decisión a las demás normas del proyecto deley, que luego vinieron a hacer parte de la ley 43/90; ii) tratándose de normas que se encuentran vigentes, pese a haber sido expedidas con fundamento en la Constitución de 1886, el examen material de constitucionalidad debe hacerse bajo la normatividad de la nueva Constitución, no siendo admisible por ende que la Corte aplique su doctrina de la inconstitucionalidad por consecuencia; iii) no se...