Sentencias

PRINCIPIO DE EXCLUSIVIDAD DE LA FUERZA PUBLICA
En el derecho colombiano la inviolabilidad del derecho a la vida en su doble dimensión no admite excepción alguna y ostenta carácter absoluto y, por lo mismo, ha supuesto de antaño la imposibilidad de transgredirlo toda vez que constituye una de las normas básicas de los estados de derecho de estirpe demoliberal, como el nuestro. De ahí que nosorprende que haya sido ubicado en el artículo 11, a la cabeza del capítulo I del Título II de la Carta de 1991, dedicado justamente a los derechos fundamentales (tal y como sucede en otras latitudes). Si se trata del fundamento de los demás derechos, o “el punto de arranque” o “prius lógico y ontológico para la existencia y especificación de los demás derechos en tanto constituye el derechofundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible”, para usar la terminología de la jurisprudencia constitucional española, es inadmisible pensar en su suspensión por ningún motivo, habida cuenta que configura prerrequisito de los demás derechos, los cuales sólo adquieren sentido si se garantiza la vida. A diferencia delcaso colombiano, la aparición de un derecho autónomo a la vida sólo se produjo a nivel internacional recientemente, tras la Segunda Guerra Mundial. Numerosos instrumentos internacionales prohíben el atentado directo contra la vida humana y por ello obligan al Estado a ejercer un control efectivo sobre las autoridades en general, y en particular las Fuerzas Militares, para evitar el uso excesivo oindiscriminado de la fuerza. En tal virtud, para hacer cumplir sus cometidos constitucionales y legales el uso de la fuerza es excepcional y debe realizarse estrictamente bajo un doble prisma: necesidad y proporcionalidad de las medidas, por cuanto el derecho a la vida ostenta el status de dispositivo normativo integrante del ius cogens que no admite acuerdo en contrario (art. 53 Convención deViena). Entonces no son admisibles las ejecuciones extrajudiciales y por ello en varias oportunidades, no sólo el Consejo de Estado sino también la Comisión Interamericana ha declarado responsable al Estado Colombiano por actuaciones de esta naturaleza, por parte de miembros del Ejército Nacional.
El artículo 2 Constitucional en perfecta armonía con el Preámbulo de la Carta dispone que lasautoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, en su dimensión bifronte de derecho fundamental y principio superior que inspiró al constituyente en el diseño del ordenamiento constitucional y por lo mismo es uno de los pilares de nuestra democracia. Fines del Estado que encuentra una de sus concreciones más caracterizadas en el principiode exclusividad de la fuerza pública, previsto en el artículo 216 Superior, como que uno de los rasgos esenciales del poder público lo configura justamente el monopolio del ejercicio de la coacción del Estado. En efecto, sólo el Estado está autorizado para el ejercicio legítimo de la fuerza, y cuando lo hace por conducto de las fuerzas militares tiene por finalidad primordial la defensa de lasoberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, a términos del artículo 217 ídem. Fuerza que debe desplegarse dentro de los precisos linderos del marco jurídico (preámbulo constitucional) y sobre la base que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona (art. 5 C.P.), por manera que los militares,como servidores públicos, son responsables por la extralimitación en el ejercicio de tan delicadas funciones. Y el ejercicio constitucional la fuerza pública supone el reconocimiento del carácter inalienable y por lo mismo inderogable del perentorio mandato erga omnes de la prohibición de la pena de muerte, como norma integrante del ius Mogens.

USO EXCESIVO DE LA FUERZA - PRINCIPIO DE...