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Páginas: 8 (1822 palabras)
Publicado: 11 de agosto de 2013
PROCESAL CONSTITUCIONAL
DOMINGO SOLÍS ROSADO
110-3548
Sentencia No. TC/0110/13
Expediente No. TC-01-2012-0081, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Asociación Dominicana de Alguaciles contra la Resolución núm. 14379-05, de once (11) de noviembre de dos mil cinco (2005), emitida por la Procuraduría General de la República y la Circular de fecha cuatro (4) deabril de dos mil doce (2012), emitida por la Suprema Corte de Justicia.
Fundamentos y Objetos de la Acción del Procurador General de la República.
El Procurador solicita al Tribunal Constitucional que se declare inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad, interpuesta por la Asociación Dominicana de Alguaciles contra la Resolución núm. 14379-05, del once (11) de noviembre de dos milcinco (2005), emitida por la Procuraduría General de la República, y la Circular de fecha cuatro (4) de abril de dos mil doce (2012), emitida por la Suprema Corte de Justicia, por supuesta violación a los artículos 28, letra b; 40, inciso 15; 69, 73 y 74, ordinales 1, 2, 3, 4, de la Constitución de la República.
El Procurador aduce que el propósito perseguido por la resolución impugnada es preservarla integridad del ministerial y evitar que incurran en actuaciones arbitrarias obligándolos a contar con el visto bueno de la autoridad judicial o administrativa competente en el ejercicio de sus actuaciones con el auxilio de la fuerza pública.
Por tales motivos, el Ministerio Público le solicita al Tribunal Constitucional que proceda a rechazar la acción directa de inconstitucionalidadinterpuesta por la Asociación Dominicana de Alguaciles, contra la Resolución o. 14379-05 que crea el Reglamento para el Otorgamiento del Auxilio de la Fuerza Pública, dictada por el Procurador General de la República en fecha 11 de noviembre de 2005, y contra la Circular del Director General Administrativo de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 4 de abril del 2012.
Fundamentos y Objetos de la Acciónde la Asociación Dominicana de Alguaciles.
La Asociación Dominicana de Alguaciles fundamenta su acción de inconstitucionalidad, entre otros motivos, en los siguientes:
La resolución objeto del presente recurso deviene inconstitucional a la luz de lo establecido en el artículo 128, letra b, de la Constitución, pues el Procurador General de la República no tiene poder reglamentario. Dicharesolución tampoco ha sido dada por ninguna disposición legal especial, pues esa prerrogativa le corresponde al presidente de la República. El Procurador General de la República solo puede reglamentar en cuanto a sus dependencias y no al público en general, como ocurre en la especie.
La Asociación Dominicana de Alguaciles agrega que resolución núm. 14379-05, de once (11) de noviembre de dos milcinco (2005), debe ser declarada nula y no conforme con la Constitución, por cuanto el Procurador General de la República no tiene la facultad para reglamentar al público con el propósito de regular el ejercicio de los derechos y garantías, las cuales solo pueden limitarse por ley, tal y como establece el artículo 74.2 de la Constitución.
Por otro lado, el Procurador General de la República notiene facultad para poner sanción o algún tipo de medida vinculante a los alguaciles, por lo que, al emitir dicho reglamento, ha usurpado prerrogativas que corresponden a otras autoridades, situación que viola la Constitución y, de acuerdo con sus artículos 6 y 73, debe ser declarado nulo.
En otro tenor, el accionante alega que el artículo 14 de dicha resolución establece que incurrirá en faltagrave que dará lugar a sometimiento o acusación al ministerial que no use la fuerza pública con la finalidad de trabar embargos ejecutivos, conservatorios y lanzamientos de lugares, entre otras actuaciones, incurriendo en violación a la Constitución en su artículo 40, inciso 15.
¿Porque demanda la Asociación Dominicana de Alguaciles?
El once (11) de noviembre de dos mil cinco (2005), la...
DOMINGO SOLÍS ROSADO
110-3548
Sentencia No. TC/0110/13
Expediente No. TC-01-2012-0081, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Asociación Dominicana de Alguaciles contra la Resolución núm. 14379-05, de once (11) de noviembre de dos mil cinco (2005), emitida por la Procuraduría General de la República y la Circular de fecha cuatro (4) deabril de dos mil doce (2012), emitida por la Suprema Corte de Justicia.
Fundamentos y Objetos de la Acción del Procurador General de la República.
El Procurador solicita al Tribunal Constitucional que se declare inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad, interpuesta por la Asociación Dominicana de Alguaciles contra la Resolución núm. 14379-05, del once (11) de noviembre de dos milcinco (2005), emitida por la Procuraduría General de la República, y la Circular de fecha cuatro (4) de abril de dos mil doce (2012), emitida por la Suprema Corte de Justicia, por supuesta violación a los artículos 28, letra b; 40, inciso 15; 69, 73 y 74, ordinales 1, 2, 3, 4, de la Constitución de la República.
El Procurador aduce que el propósito perseguido por la resolución impugnada es preservarla integridad del ministerial y evitar que incurran en actuaciones arbitrarias obligándolos a contar con el visto bueno de la autoridad judicial o administrativa competente en el ejercicio de sus actuaciones con el auxilio de la fuerza pública.
Por tales motivos, el Ministerio Público le solicita al Tribunal Constitucional que proceda a rechazar la acción directa de inconstitucionalidadinterpuesta por la Asociación Dominicana de Alguaciles, contra la Resolución o. 14379-05 que crea el Reglamento para el Otorgamiento del Auxilio de la Fuerza Pública, dictada por el Procurador General de la República en fecha 11 de noviembre de 2005, y contra la Circular del Director General Administrativo de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 4 de abril del 2012.
Fundamentos y Objetos de la Acciónde la Asociación Dominicana de Alguaciles.
La Asociación Dominicana de Alguaciles fundamenta su acción de inconstitucionalidad, entre otros motivos, en los siguientes:
La resolución objeto del presente recurso deviene inconstitucional a la luz de lo establecido en el artículo 128, letra b, de la Constitución, pues el Procurador General de la República no tiene poder reglamentario. Dicharesolución tampoco ha sido dada por ninguna disposición legal especial, pues esa prerrogativa le corresponde al presidente de la República. El Procurador General de la República solo puede reglamentar en cuanto a sus dependencias y no al público en general, como ocurre en la especie.
La Asociación Dominicana de Alguaciles agrega que resolución núm. 14379-05, de once (11) de noviembre de dos milcinco (2005), debe ser declarada nula y no conforme con la Constitución, por cuanto el Procurador General de la República no tiene la facultad para reglamentar al público con el propósito de regular el ejercicio de los derechos y garantías, las cuales solo pueden limitarse por ley, tal y como establece el artículo 74.2 de la Constitución.
Por otro lado, el Procurador General de la República notiene facultad para poner sanción o algún tipo de medida vinculante a los alguaciles, por lo que, al emitir dicho reglamento, ha usurpado prerrogativas que corresponden a otras autoridades, situación que viola la Constitución y, de acuerdo con sus artículos 6 y 73, debe ser declarado nulo.
En otro tenor, el accionante alega que el artículo 14 de dicha resolución establece que incurrirá en faltagrave que dará lugar a sometimiento o acusación al ministerial que no use la fuerza pública con la finalidad de trabar embargos ejecutivos, conservatorios y lanzamientos de lugares, entre otras actuaciones, incurriendo en violación a la Constitución en su artículo 40, inciso 15.
¿Porque demanda la Asociación Dominicana de Alguaciles?
El once (11) de noviembre de dos mil cinco (2005), la...
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