Titulol

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Abraham Siles Vallejos.

¿Debieron ser excarcelados los hermanos Wolfenson en aplicación de la ley 28568, que equiparó irregularmente el arresto domiciliario, la prisión preventiva y la penaprivativa de la libertad? En los últimos días se han elevado algunas voces –políticos, magistrados, abogados de parte– para sostener que tal excarcelación era ineludible.
Esto, sin embargo, no es así. LaPrimera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que preside el cuestionado vocal Robinson Gonzales, debió desestimar la ley 28568 y preferir la aplicación de la Constitución conforme al artículo138 de la propia Carta constitucional. Las razones jurídicas son dos.

En primer lugar, la ley 28568 vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo 2.2 de la Constitución (y en diversostratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Perú). En virtud de este principio, no se puede dar tratamiento jurídico igualitario a lo que es esencialmente disímil. Y, como haestablecido el Tribunal Constitucional (TC), en jurisprudencia reiterada, arresto domiciliario y prisión preventiva son diferentes en esencia, por lo que no pueden ser equiparados.

Así, en el caso HéctorChumpitaz, el TC señaló que el «mandato de comparecencia con detención domiciliaria» y la «detención judicial preventiva» en realidad «no pueden ser equiparadas ni en sus efectos personales, ni en elanálisis de sus elementos justificatorios» (sentencia del 5 de agosto del 2002). Luego, en el caso Laura Bozzo, el TC sostuvo que «tal como está regulada en nuestra legislación procesal penal, ladetención domiciliaria no aparece como una forma de detención judicial preventiva, sino, antes bien, como una alternativa frente a ésta» (sentencia del 7 de abril del 2003). Finalmente, en el caso AlfonsoVillanueva el TC recalcó que «la detención domiciliaria y la prisión preventiva responden a medidas de diferente naturaleza jurídica, en razón al distinto grado de incidencia que generan sobre la...
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