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Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada:
La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada convierte a la Legitimación de Capitales en el delito financiero más grave contemplado en la legislación venezolana. La norma, más allá de su loable objetivo, cuenta con una serie de inconvenientes que podrían llegar a convertirla en una nueva amenaza contra las empresas.

Nadie puede dudar que lalegitimación de capitales de origen ilícito es una de las grandes amenazas globales para el comercio internacional y, en general, para la buena marcha de los negocios globales. Según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), desde 1990 el blanqueo de capitales se ha multiplicado por 10, y representa la movilización de entre 1 y 1.5 billones de dólares.

Obviamente, como lo señala eleconomista Moisés Naím, si se piensa que el comercio internacional ha movilizado, en 15 años, entre 5 y 10 billones de dólares, "es fácil ver la importancia, la dimensión y la expansión del negocio ilegal mundial".

En consecuencia, no es extraño ni cuestionable que los países ajusten sus marcos jurídicos para enfrentar más eficientemente no sólo éste, sino toda la amplia gama de delitos financierosy, con ese objetivo, se aprobó la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, la cual junto con la segunda reforma del Código Penal, finalmente vigente desde el 26 de noviembre de 2005, constituye un marco insalvable para el desenvolvimiento de los negocios en Venezuela.

El abogado Fernando Fernández, uno de los más prolíficos y calificados expertos en Derecho Penal venezolano y socio delescritorio Baker & Mc.Kenzie, al analizar la nueva norma penal, hace advertencias que no se pueden echar en saco roto.

A su juicio, el Poder Legislativo hizo una norma que va mucho más allá de sus objetivos racionales y puede, eventualmente, constituirse en una "espada de Damocles" para todas las organizaciones empresariales independientemente de la solvencia moral de sus directivos, o de sugrado de involucramiento en el manejo financiero de la compañía.

Otra vez, se ha insistido en una vocación punitiva y restrictiva, con el argumento de que el Estado tiene el derecho y el deber de combatir con decisión las malas prácticas financieras, cosa que nadie cuestiona, pero, a juicio de Fernández, la justicia impone los límites de la razón y la equidad en medio de un Estado de Derecho.La Ley es Dura...
Uno de los temas en los que Fernández ha sido particularmente insistente es en la necesidad de codificar los diferentes tipos penales en el menor número de normas posible, lo que trae indisolublemente aparejada la idea de racionalizar el número y alcance de los delitos tipificados. "Una sociedad donde casi cualquier conducta constituye un delito se paraliza, no es sana nidemocrática y, lo que es aún más grave, fomenta una estructura poco transparente de funcionamiento", dice el experto.

La nueva Ley contra la Delincuencia Organizada va, precisamente, en contravía de cualquier principio de racionalización, pues al considerar que la legitimación de capitales alcanza a casi cualquier bien o activo, se crean más de 40 delitos nuevos.

Pero, más allá de estos delitos,la norma contiene severos problemas en el procedimiento penal para el establecimiento de las sanciones. Fernández resume estos elementos:
* Instituye sistema 100% inquisitivo.
* No ofrece las debidas garantías jurídicas a los inocentes.
* No se ajusta, ni en cuanto a los tipos penales ni al lenguaje, a los tratados internacionales suscritos previamente por Venezuela en escenarios comola ONU y la OEA.
* Insiste en la práctica de excluir de los alcances de la norma al Estado y sus empresas, lo que constituye una clara discriminación para el resto de la sociedad.
* Permite que las autoridades utilicen técnicas encubiertas de investigación, como entregas vigiladas o controladas u operaciones simuladas, bajo el exclusivo control del Ministerio Público.
* Establece un...
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