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Nota previa: El proceso de acción popular reviste singular importancia en la medida que su regulación constitucional- artículo 200 inciso 5 Constitución 1993- prevé que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen.

Si bien el proceso de acciónpopular no es en estricto un proceso de control normativo con las potestades de control concentrado como sucede con los procesos de inconstitucionalidad y competencial, cuya definición está reservada exclusivamente al Tribunal Constitucional en instancia única, sí podemos afirmar que este proceso representa el control constitucional que hacen los jueces del Poder Judicial de la compatibilidadiusfundamental de las normas reglamentarias que vulneran los principios, valores y directrices contenidos en la Carta Fundamental.

La pregunta de rigor es: ¿ y por qué el Tribunal Constitucional no debería ejercer función revisora en este tipo de procesos? La respuesta es encontrada en el Derecho Comparado( históricamente las Constituciones de Cuba, Honduras, Bolivia, Panamá, El Salvador y Guatemalaconfieren potestad de conocimiento de esta acción al Poder Judicial). En adición a ello, las Constituciones de Perú de 1933, 1979 y 1993 han regulado que se trata de un proceso que debe ser conocido por el Poder Judicial.

Ahora bien ¿debe ser conocido el proceso de acción popular por el supremo intérprete en tanto los jueces del Poder Judicial pueden equivocarse y debe subsanarse este errorpor parte del Tribunal Constitucional? A juicio nuestro, debe estimarse, bajo las reglas de la razonabilidad, que en un Estado Constitucional deben delimitarse adecuadamente las competencias y éstas son objetivas en nuestro país en cuanto las normas con rango de ley son objeto de control constitucional por parte del supremo intérprete de la Constitución. A su vez, las normas reglamentarias, comohemos referido supra, deben ser constitucionalmente controladas por el Poder Judicial.

Es importante hacer a un lado la desconfianza kelseniana de que el trabajo de los jueces debe ser objeto de múltiples controles. Y en el hipotético caso de que una sentencia de acción popular fuere contraria a la Constitución, queda plenamente habilitado el proceso constitucional de amparo contra resoluciónjudicial.









SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE



EXPEDIENTE No. : 2008-194

DEMANDANTE: ENRIQUE HEBERT GONZÁLES PISFIL

DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFÚ

MATERIA: ACCIÓN POPULAR

VOCAL PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

RESOLUCIÓN NUMERO: TRES



En Chiclayo, a los treinta días del mes de enero de dos mil nueve, la Sala Constitucional deLambayeque, integrada por los Magistrados Carrillo Mendoza, Figueroa Gutarra y Chávez Martos, pronuncia la siguiente resolución:



ANTECEDENTES

Con fecha 31 de octubre de 2008, el recurrente Enrique Hebert Gonzáles Pisfil interpone proceso de acción popular contra la Municipalidad Distrital de Monsefú a fin de que se deje sin efecto la Resolución de Alcaldía 057-2008-a/MDM, la cual impone elpago de la suma de S/ 70.00 por concepto de renovación de concesión y S/ 10.00 por concepto de solicitud valorada. Alega que la disposición impugnada contiene una imposición de carácter tributario y que no se ha expedido la respectiva Ordenanza Municipal. A su vez, que si se cataloga el pago a efectuar como tasa, que dicho concepto no ha sido consignado en el Texto Único de ProcedimientosAdministrativos TUPA de la entidad demandada, en abierta trasgresión del artículo 44.2 de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

El Procurador Público de la Municipalidad, con fecha dieciocho de diciembre de dos mil ocho, contesta la demanda y solicita que la misma sea declarada infundada. Acota que el actor solicitó en su momento la disminución del monto de renovación establecido...
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