Tratado de libre comercio y derecho administrativo

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  • Publicado : 31 de mayo de 2011
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(TLC), entre Colombia y Estados Unidos es una propuesta para impulsar el comercio binacional, en el marco de los Tratados de libre comercio en América Latina y el Caribe. El tratado no está en funcionamiento, se encuentra aprobado por el Congreso de Colombia, pero no así por el Congreso de los Estados Unidos, donde su decisión ha sido aplazada. El tratado abarca cuestiones políticas, económicas,institucionales, laborales, ambientales, de propiedad intelectual, entre otras.

Las consecuencias de la entrada en vigor del TLC afectarían diversos sectores sociales y económicos. El Derecho, entendido también como herramienta jurídica, se plantea como una posibilidad para delimitar las condiciones del Tratado o, en su defecto, impedir su aprobación.
La resistencia a la firma del TLC ha sidoun gesto de carácter político, que desconoce el uso de las herramientas jurídicas que podrían influir en la negociación.
Muchos sectores y movimientos sociales han alertado sobre las consecuencias negativas que el Tratado de Libre Comercio (TLC) generaría en el disfrute de los derechos de contenido económico y social. Las estrategias para incidir en la negociación e impedir su firma se hanconcentrado en el ámbito político: marchas, documentos de denuncia y divulgación de estudios. Sin embargo, herramientas como el Derecho han sido poco utilizadas para este fin, debido a la novedad y dificultad que representa una tarea como esta y porque se duda de su efectividad. De este modo, ¿cuáles pueden ser las acciones jurídicas procedentes en contra del TLC, si es que existen?

Estrategiasantes de la aprobación del TLC

Pueden distinguirse tres momentos claves para el origen de un tratado: negociación, aprobación y aplicación. En cada uno es necesario evaluar la posibilidad de incidencia jurídica. El mapa que se presenta ubica algunas de las propuestas jurídicas que actualmente se discuten al interior de los grupos opositores al TLC.

Referendo aprobatorio. Si bien no esposible un referendo derogatorio por expresa prohibición constitucional (artículo 170), sí sería viable aquel otro, que instauraría, por voto popular, una ley que prohíba la adopción del TLC. El gran inconveniente es de tiempo, pues todo el proceso de convocatoria y campaña tendría que realizarse antes de la aceptación del Tratado, además de las dificultades propias de un referendo que implica larecolección de un gran número de firmas.

Acciones populares por derechos. Podrían utilizarse para ampliar la información y difusión de este tema, lo que permitiría acceder a los borradores de la negociación, solicitar estudios sobre las consecuencias de este tratado e involucrar a las regiones en el debate nacional. El riesgo se agrava si se tiene en cuenta que este tipo de acciones, en vez dederogarlo terminarían respaldándolo; además, cuando son conocidas por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los abogados se enfrentan frecuentemente con la "cultura jurídica" de los jueces, quienes tienden a negar este tipo de acciones considerando que se enfrentan a un tratado que, por su complejidad y trascendencia, los lleva a asumir una actitud conservadora en la protección de los derechos.Acciones de cumplimiento y tutela. Al respecto, el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales ratificado en Colombia, establece el deber de los Estados de consultar a los pueblos indígenas cualquier medida que sea susceptible de afectarlos. A través de la acción de cumplimiento se buscaría que el gobierno hiciera efectivo este deber de consulta. Lo mismo podría realizarse através de una acción de tutela que puede ser interpuesta a través de una comunidad específica por vulneración de sus derechos fundamentales.

Derecho de petición de informaciones. Uno de los problemas que enfrentan tanto defensores como opositores es el acceso a la información. Los borradores de la negociación no son difundidos y, aunque sus avances pueden ser leídos en "el cuarto de lectura",...
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