Uso de informacion reservada o privilegiada por funcionarios publicos

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  • Publicado : 11 de diciembre de 2011
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USO DE INFORMACION RESERVADA O PRIVILEGIADA POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

En el marco de la nueva legislación sobre Ética Pública, que ha otorgado rango orgánico constitucional al principio de la Probidad Administrativa, resulta relevante el estudio de las conductas que la ley describe como infracciones a dicho principio. Se ha escogido aquí efectuar el estudio particular de una de ellas cuales el uso, en beneficio propio o de terceros, de información reservada o privilegiada a que tuvieren acceso los funcionarios públicos en razón de la función pública que desempeñan. Ello con el objeto de analizar y exponer sus conceptos y fundamentos, con miras a promover una discusión y la generación de posiciones doctrinales en torno a esta figura. La relevancia del tema se encuentra avaladapor la reciente legislación sobre probidad administrativa, normativa que permite desde ya generar las bases para una construcción teórica sobre el Principio de Probidad Administrativa, las conductas que la ley señala como infracciones al mismo y su tutela jurisdiccional.

A partir de la entrada en vigor de la ley N° 19.653, sobre Probidad Administrativa aplicable a los Órganos dela Administración del Estado, que introdujo modificaciones – entre otros cuerpos legales - a la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, se puede afirmar la existencia de un riguroso catálogo deontológico que se impone a las autoridades y a los funcionarios públicos. Los cambios que introduce la normativa implican un verdadero código de éticaespecial: el código de quienes desempeñan la profesión de servidores públicos. En él se definen deberes y limitaciones cuyo incumplimiento acarrea responsabilidad y expone al infractor a ser objeto de sanciones.
En tal sentido, la ley ha descrito las conductas que implican una contravención al principio de la probidad administrativa, entre las que se encuentra la prohibición de “usar enbeneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña”, señalada en el N° 1 del artículo 64 de la ley 18.575, que es el objeto principal de este estudio.
El texto transcrito presenta, a nuestro juicio, dificultades de interpretación y aplicación, lo que nos ha motivado a desarrollar lapresente investigación en la que abordarán los siguientes aspectos.
* El legislador ha enunciado la conducta, pero no ha definido qué se entiende por información reservada o privilegiada para los efectos de la aplicación de este artículo. Por su parte, la Contraloría General de la República, en su condición de órgano constitucional autónomo encargado del control jurídico de la actividadadministrativa y de la función de emitir instrucciones y dictámenes obligatorios, no ha emitido hasta ahora jurisprudencia administrativa ni oficios interpretativos que permitan una acabada comprensión del texto con miras a su adecuada aplicación práctica.
* Se puede inferir entonces que la falta de claridad sobre el sentido de la norma, junto a la complejidad de establecer y comprobar si undeterminado servidor público ha incurrido en el uso o manejo indebido de información privilegiada o reservada, hará peligrar su eficacia, máxime cuando la regla general es la publicidad de los actos administrativos y, en consecuencia, se presentará en cada caso la necesidad de delimitar las razones o causales que obligan a una repartición pública a restringir el acceso a la información de que se trate.* Existe, además, una legislación de carácter penal muy significativa – contenida fundamentalmente en las leyes N°s. 19.645 y 18.829 – que introducen al Código del ramo modificaciones tendientes a hacer más rigurosa y extensiva la tipificación delictiva y la penalidad de las conductas ministeriales de los funcionarios públicos, especialmente emparentadas con la corrupción, entre las que...
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