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El crecimiento moderado de la economía española y, por consiguiente, de la creación de empleo desde la segunda mitad del año 1990, ha originado una difícil situación en el mercado de trabajo y un preocupante desequilibrio financiero en el sistema de protección por desempleo.

Se impone por tanto adoptar medidas urgentes que permitan, por una parte, reasignar el gasto público para potenciar laspolíticas activas de empleo dirigidas a incentivar la contratación por tiempo indefinido de aquellos colectivos con especiales dificultades de inserción laboral y a proporcionar mayor formación a los parados y, por otra, racionalizar el gasto en protección por desempleo, asegurando el futuro equilibrio financiero del sistema y la protección efectiva a quienes encontrándose en paro busquenactivamente trabajo.

2. Para la consecución del primer objetivo, se incentiva la contratación por tiempo indefinido de trabajadores que se encuentren en aquellos colectivos cuyas tasas de paro resultan más elevadas y es mayor su tiempo de permanencia en situación de desempleo, es decir, los jóvenes, los trabajadores mayores de cuarenta y cinco años y las mujeres. Más allá de los requisitos específicospara cada colectivo, existe una nota común a todos ellos, cual es la de que se trata de parados de larga duración, asimilándose a tal situación, en el caso de jóvenes comprendidos entre veinticinco y veintinueve años, la no realización de actividad laboral anterior por un tiempo superior a tres meses.

La presente Ley regula con carácter unitario todos los incentivos públicos a la contrataciónlaboral, excepto los previstos para trabajadores minusválidos, que seguirán manteniendo un tratamiento diferenciado.

Sin perjuicio de la finalidad de fomentar la contratación por tiempo indefinido de los trabajadores incluidos en alguno de los colectivos anteriormente citados, los incentivos a conceder se gradúan en función del diferente nivel de dificultad que, para su inserción laboral, sederivan de la edad o del sexo de estos trabajadores.

En relación con los contratos en prácticas y para la formación se derogan las reducciones de cuotas a la Seguridad Social, previstas en el Real Decreto 1992/1984, de 31 de octubre, sin perjuicio de mantener la financiación pública del coste de la formación teórica impartida, y se prima la incorporación definitiva del trabajador a la empresa comomejor fórmula para contribuir al cumplimiento de la finalidad formativa de estos contratos.

En coherencia con los objetivos de esta norma, los incentivos se reservan para la creación de empleo neto, evitándose así la utilización en fraude de Ley que supondría la sustitución de trabajadores adscritos a la empresa por otros incluidos en alguno de los colectivos cuya contratación se subvenciona.Como complemento de lo anterior, se establece la obligación de los beneficiarios de los incentivos de mantener el nivel de empleo durante al menos tres años, y de sustituir, en caso de vacante, los contratos extinguidos por otros de igual naturaleza.

Se declara expresamente la incompatibilidad de los beneficios establecidos en la presente Ley con otras ayudas públicas que tengan la mismafinalidad, razón por la cual se procede a dar nueva redacción al número 5 del artículo 26 de la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades, reservando las deducciones fiscales sólo para la contratación por tiempo indefinido y a jornada completa de los trabajadores minusválidos.

3. La racionalización del gasto en protección por desempleo se aborda actuando sobre las principales causasque han originado un importante incremento en el coste de la protección. Dentro de ellas especial referencia merecen la contratación temporal y sus elevados índices de rotación, así como su correspondencia con los períodos mínimos de cotización exigidos para acceder a la protección por desempleo.

Es necesario, por tanto, introducir un conjunto de medidas que, respetando la norma del artículo...
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