Vivienda de interés social en colombia

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 Concepto de vivienda de interés social según ART. 44.—Modificado.L388/97. art. 91
Se entiende por viviendas de interés social aquellas que se desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. En cada plan nacional de desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a estos hogares teniendo en cuenta, entreotros aspectos, las características del déficit habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los hogares, las condiciones de la oferta, el monto de recursos de crédito disponibles por parte del sector financiero y la suma de fondos del Estado destinados a los programas de vivienda.
En todo caso, los recursos en dinero o en especie que destinen el Gobierno Nacional, en desarrollo deobligaciones legales, para promover la vivienda de interés social se dirigirá prioritariamente a atender la población más pobre del país, de acuerdo con los indicadores de necesidades básicas insatisfechas y los resultados de los estudios de ingresos y gastos.

PAR. 1º—Las disposiciones expedidas por el Gobierno Nacional en ejercicio de la potestad reglamentaria del presente artículo que haganreferencia a ciudades con más de quinientos mil (500.000) habitantes, serán aplicables a los municipios aledaños dentro de su área de influencia y hasta una distancia no mayor de cincuenta (50) kilómetros de los límites del perímetro urbano de la respectiva ciudad, que evidencie impactos directos en la demanda de suelos e inmuebles urbanos, derivados de un elevado grado de accesibilidad einterrelaciones económicas y sociales, lo mismo que a los demás municipios que integren el área metropolitana, cuando fuere del caso.

LA VIVENDA DE INTERES SOCIAL EN COLOMBIA

La sigla VIS, (Vivienda de Interés Social) así de sencilla como suena, encierra dentro de su
aparente simplicidad un poderoso contenido que en Colombia se ha acuñado en los últimos
años para describir de manera rápida, ligerasi se quiere, un concepto que compromete
diferentes interpretaciones del hábitat mínimo, en este caso destinado a esa inmensa porción
de la población que son las clases menos favorecidas.

A mediados del siglo pasado, los diferentes gobiernos se asomaron muy tímidamente al tema
de la vivienda para las clases populares, como un problema que tarde o temprano requeriría
una política deEstado. Solo hasta mediados de los años 50, con la creación de entidades
como el Instituto de Crédito Territorial, el BCH y, posteriormente, la Caja de Vivienda
Popular y el Inurbe (que reemplazó al ICT), se dieron pasos serios en la búsqueda de
soluciones ejecutadas desde el mismo Estado para proveer de vivienda planificada a esas
grandes masas de población que engrosaron rápidamente lademografía de las principales
ciudades y que, por su propia dinámica de crecimiento, generaron los más graves problemas
de hacinamiento, informalidad y salubridad, mediante acelerados procesos de tugurizacion,
con un alto nivel de deterioro del entorno urbano y social donde se asentaron.
Los modelos adoptados, en su momento, por estas instituciones del Estado se construyeron
siguiendo lospreceptos de las nuevas escuelas urbanísticas en pleno auge en Europa y los
países socialistas, que propendían por modelos masivos y densificados, que buscaban atajar
un problema explosivo, sin perder las prioridades de lograr una “vivienda digna y un entorno
sano” para las grandes masas de obreros surgidos del auge industrial de la posguerra
quienes, por su parte, incluían esta premisacomo objetivo central de sus luchas y
reivindicaciones sociales más sentidas.
Sin embargo, en nuestro país, tempranamente, las entidades estatales se vieron desbordadas
por la avalancha demográfica y los fenómenos migratorios desde el campo hacia las grandes
ciudades, lo cual obligó a los gobiernos de turno a buscar nuevos esquemas que permitieran
una más amplia cobertura, y un nivel de...
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