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[pic] | |SALA CONSTITUCIONAL

Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales

Expediente No. 08-1572

            El 4 de diciembre de 2008, se recibió en la Secretaría de esta Sala Constitucional el expediente contentivo de la “acción de control de la constitucionalidad” formulada por los abogados Gustavo Álvarez Arias, Zulia Coromoto Maldonado y Asdrúbal Blanco, inscritos en elInpreabogado con los números 34.235, 57.051 y 75.976, respectivamente, actuando en su carácter de representantes de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, referida a la interpretación acerca de la conformidad constitucional del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 5 de agosto de 2008, en el que se ordenó la reincorporación en el cargo de los ex-magistrados de la Corte Primera delo Contencioso Administrativo Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz B., se condenó a la República Bolivariana de Venezuela al pago de cantidades de dinero y a las publicaciones referidas al sistema disciplinario de los jueces.

            El 9 de diciembre de 2008, se dio cuenta en Sala y se designó Ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con talcarácter suscribe el presente fallo. 

 

 
I
FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD
           
Con ocasión de la demanda intentada contra el Estado Venezolano por los abogados Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz B., en su condición de ex jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia el 5 deagosto de 2008, en la que declaró con lugar dicha demanda.
 
            Los representantes de la República Bolivariana de Venezuela comenzaron por justificar la competencia de esta Sala como garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, en el cardinal 1 del artículo 266 y los artículos 334, 335 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela y el cardinal 23 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
 
Seguidamente, la representación de la República Bolivariana de Venezuela refiriéndose a la ejecución de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de agosto de 2008, alegó que “las decisiones de estos órganos internacionales de protección de los derechos humanos no son deobligatorio cumplimiento y no son inaplicables si violan la Constitución o no se hayan agotado los recursos judiciales internos. Lo contrario sería subvertir el orden constitucional y atentaría contra la soberanía del Estado”.
 
Señalaron que la Procuraduría General de la República tiene legitimación para intentar la presente solicitud de acuerdo con lo previsto en el artículo 247 dela Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo dispuesto en los cardinales 5 y 8 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por transgredir disposiciones constitucionales y por afectar intereses patrimoniales de la República.
 
Denunciaron que el fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos viola “la supremacía de laConstitución y su obligatoria sujeción violentando el principio de autonomía del poder judicial, pues la misma llama al desconocimiento de los procedimientos legalmente establecidos para el establecimiento de medidas y sanciones contra aquellas actuaciones desplegadas por los jueces que contraríen el principio postulado esencial de su deber como jueces de la República”.   
 Resaltaron que “la sentencia de manera ligera dispone que los accionantes no fueron juzgados por un juez imparcial, -no obstante señalar previamente que no fue debidamente comprobada tal parcialidad- y que por el supuesto hecho de no existir un procedimiento idóneo previsto en el ordenamiento jurídico venezolano para investigar y sancionar la conducta denunciada por los Ex Magistrados, entonces concluye...
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