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  • Publicado : 14 de marzo de 2012
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El ciudadano CARLOS ORTIZ ROJAS, actuando en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, presentó escrito en el que justifica la constitucionalidad de las disposicionesacusadas.
Sustentando que la impugnación es una figura regulada por el artículo 22.5 de la ley 80 del 93 y reglamentada en el decreto 856 de 1994. Y que dicho artículo contemplael recurso de reposición, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para contrarrestar la impugnación.
Añade también el interviniente que los registros que no cumplan conlos requisitos exigidos por la ley deben ser depurados.

El ciudadano EDMUNDO DEL CASTILLO, en representación del Ministerio de Desarrollo Económico, presento escrito en defensade la constitucionalidad de los artículos 22.5 y 22.6 de la Ley 80 del 93.
Estima el interviniente que las Cámaras de Comercio son entidades gremiales de naturaleza privada que, pordisposición de la ley, realizan funciones administrativas tal como lo consigna el árticulo 210 de la carta política. Además aduce que al Congreso de la República se le ha atribuidoen forma exclusiva expedir el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y que por tanto el legislador estaba facultado para regular la materia y para otorgar elejercicio de la función administrativa a los particulares.
El interviniente expresa que la Ley 80 del 93 menciona los recursos y las acciones contenciosas que pueden entablarse almomento que una inscripción en el Registro Único de Proponente sea impugnado.
También considera el interviniente que no se advierte violación del debido proceso, por cuanto el actoque decida la impugnación será susceptible de recurso de reposición, y de ser demandado ante la jurisdicción contenciosa mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
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