006 Derecho A La Seguridad Ciudadana
Páginas: 54 (13315 palabras)
Publicado: 25 de julio de 2015
DERECHO A LA SEGURIDAD CIUDADANA
Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de
seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenazas,
vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de
sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados
a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una
ley especial.
Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas
las personas.
El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y
proporcionalidad, conforme a la ley.
Artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
El derecho a la seguridad ciudadana en Venezuela sufrió, en el lapso que analiza este Informe,
una extrema vulneración, bien por la acción directa del Estado, en cuanto al reiterado exceso de violencia letal por parte de la policía en el control de la criminalidad; bien por omisión, dada
la negligencia en el diseño y ejecución de una política de Estado en materia de seguridad
ciudadana. Acerca del período en referencia, los principales elementos de diagnóstico son los
siguientes:
·
·
·
·
La situación de la seguridad ciudadana en el país se deterioró con respecto al período
anterior, tomando en consideración la crisis que atraviesan los cuerpos policiales y los crecientes casos de violencia política. El aumento sostenido de los homicidios
demuestra la incapacidad del Estado venezolano en hacer efectivo su monopolio sobre
la violencia, lo que pone en grave riesgo la gobernabilidad del país y el sistema
democrático.
Los conflictos no resueltos en materia de políticas de seguridad ciudadana (falta de consenso en torno a la Ley de Policía Nacional, por ejemplo), se agudizan por las
diferentes visiones políticas sobre el problema, lo que facilita que las prácticas
militaristas y autoritarias en el manejo de la seguridad pública, sigan pugnando por
imponerse.
Se reitera la tendencia observada en el Informe anterior, en el sentido de que se sigue
proponiendo una sucesión interminable de planes y programas de prevención de la criminalidad, que no se mantienen en el tiempo, no tienen aparentemente ninguna
efectividad, no guardan solución de continuidad con propuestas anteriores, las cuales
distan mucho de ser evaluadas y discutidas con la ciudadanía. Igualmente, las políticas
públicas propuestas son extremadamente permeables a nociones sobre la criminalidad basadas en conceptos vinculados con las teorías de peligrosidad social, lo que lejos de
contribuir en la solución del problema lo agravan. Adicionalmente, la alta rotación de
ministros del Interior y Justicia, afecta la capacidad del Ejecutivo nacional en fomentar
políticas de seguridad ciudadanas basadas en la cooperación interinstitucional y en la
convivencia democrática.
La policía sigue teniendo un rol fundamental en el manejo de la criminalidad, sin que sobre las actuaciones de dicha institución exista ningún mecanismo de control externo.
La creciente autonomía de los cuerpos policiales, su abierta participación en la
contienda política cotidiana, el uso recurrente a la violencia letal para contener la
·
·
criminalidad y su alta implicación en hechos delictivos, le causa a la institución severos problemas de legitimidad, los cuales afectan su capacidad en el cumplimiento de sus
funciones.
La alta tasa de homicidios, que afecta sensiblemente la calidad de vida de los sectores
más carenciados de la población, conforma una grave violación del derecho humano a
la seguridad ciudadana, por cuanto el Estado no desarrolla las políticas necesarias
para evitar la violación de este derecho....
Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de
seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenazas,
vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de
sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. La participación de los ciudadanos y ciudadanas en los programas destinados
a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias será regulada por una
ley especial.
Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas
las personas.
El uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionariado policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y
proporcionalidad, conforme a la ley.
Artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
El derecho a la seguridad ciudadana en Venezuela sufrió, en el lapso que analiza este Informe,
una extrema vulneración, bien por la acción directa del Estado, en cuanto al reiterado exceso de violencia letal por parte de la policía en el control de la criminalidad; bien por omisión, dada
la negligencia en el diseño y ejecución de una política de Estado en materia de seguridad
ciudadana. Acerca del período en referencia, los principales elementos de diagnóstico son los
siguientes:
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La situación de la seguridad ciudadana en el país se deterioró con respecto al período
anterior, tomando en consideración la crisis que atraviesan los cuerpos policiales y los crecientes casos de violencia política. El aumento sostenido de los homicidios
demuestra la incapacidad del Estado venezolano en hacer efectivo su monopolio sobre
la violencia, lo que pone en grave riesgo la gobernabilidad del país y el sistema
democrático.
Los conflictos no resueltos en materia de políticas de seguridad ciudadana (falta de consenso en torno a la Ley de Policía Nacional, por ejemplo), se agudizan por las
diferentes visiones políticas sobre el problema, lo que facilita que las prácticas
militaristas y autoritarias en el manejo de la seguridad pública, sigan pugnando por
imponerse.
Se reitera la tendencia observada en el Informe anterior, en el sentido de que se sigue
proponiendo una sucesión interminable de planes y programas de prevención de la criminalidad, que no se mantienen en el tiempo, no tienen aparentemente ninguna
efectividad, no guardan solución de continuidad con propuestas anteriores, las cuales
distan mucho de ser evaluadas y discutidas con la ciudadanía. Igualmente, las políticas
públicas propuestas son extremadamente permeables a nociones sobre la criminalidad basadas en conceptos vinculados con las teorías de peligrosidad social, lo que lejos de
contribuir en la solución del problema lo agravan. Adicionalmente, la alta rotación de
ministros del Interior y Justicia, afecta la capacidad del Ejecutivo nacional en fomentar
políticas de seguridad ciudadanas basadas en la cooperación interinstitucional y en la
convivencia democrática.
La policía sigue teniendo un rol fundamental en el manejo de la criminalidad, sin que sobre las actuaciones de dicha institución exista ningún mecanismo de control externo.
La creciente autonomía de los cuerpos policiales, su abierta participación en la
contienda política cotidiana, el uso recurrente a la violencia letal para contener la
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criminalidad y su alta implicación en hechos delictivos, le causa a la institución severos problemas de legitimidad, los cuales afectan su capacidad en el cumplimiento de sus
funciones.
La alta tasa de homicidios, que afecta sensiblemente la calidad de vida de los sectores
más carenciados de la población, conforma una grave violación del derecho humano a
la seguridad ciudadana, por cuanto el Estado no desarrolla las políticas necesarias
para evitar la violación de este derecho....
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