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EL DERECHO A LA EDUCACIÓN.
1. INTRODUCCIÓN

El derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales que mayor problemática ha planteado en España. Su constitucionalización en el art. 27 fue objeto de especiales debates parlamentarios, dando lugar al momento más vivo de la ruptura del consenso constitucional. Efectivamente, tras los enfrentamientos durante los trabajos de la PonenciaConstitucional y una vez alcanzado un acuerdo en el Congreso de los Diputados, se introdujo un elemento de ruptura en dicho acuerdo, con la aprobación del art. 10.2 de nuestra CE. La enseñanza aparece reconocida en los Pactos y Convenios internacionales, habitualmente con contenido conservador. Así pues, el art. 27, quizás como artículo más representativo del consenso constitucional, parecía pedirun desarrollo legislativo también consensuado, pero no ha sido así.

El derecho a la educación, y la llamada guerra escolar, han planteado diferentes conflictos en nuestra historia constitucional y en nuestro actual sistema democrático, sin que se haya logrado alcanzar un auténtico pacto escolar, que resuelva los auténticos problemas planteados.

En primer lugar, nos encontramos con el problemade su propia conceptualización, donde dejando a un lado su posible consideración como derecho de participación política e incluso como derecho de libertad, posición ésta sostenido por la sentencia 86/1985, en la cual se señala que incorpora, junto a su contenido primario de derecho de libertad, una dimensión prestacional, en cuya virtud los poderes públicos habrán de procurar la efectividad detal derecho, se plantea la posible diferencia existente entre el derecho a la educación, que parece ser concebido como una auténtica garantía institucional y la libertad de enseñanza.

Normalmente, las fuerzas conservadoras proclaman su preferencia por el principio de libertad de enseñanza, mientras que las fuerzas progresistas hacen lo propio con el derecho a la educación.

Nuestro TribunalConstitucional, en la sentencia 13 de febrero de 1981, ha señalado que “La libertad de enseñanza puede ser entendida como una proyección de la libertad ideológica y religiosa y del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones”, tal y como se declara en el art. 9 del Convenio de Roma. Y más adelante añade, tras considerar a la enseñanza como la actividad encaminada demodo sistemático y con un mínimo de continuidad a la transmisión de un determinado cuerpo de conocimientos y valores, que esta libertad de enseñanza implica el derecho a crear instituciones educativas y a ejercerla con libertad dentro de los límites propios del puesto docente que se ocupa. También se deriva de ella el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos.Como puede apreciarse, el Tribunal conecta directamente el tema de la conceptualización del derecho a la educación con su contenido. Y la cuestión se complica un poco en nuestro ordenamiento jurídico, dada la ambigua redacción del art. 27.

La educación en un sistema democrático ha de ir encaminada al pleno desarrollo de la personalidad del alumnado, tal como reconoce el Tribunal Constitucionalen su sentencia 77/ 1985; y no puede entenderse si no es partiendo del pluralismo educativo. Ello supone la prohibición de cualquier tipo de adoctrinamiento. Por lo demás, al cuestión ha cobrado, recientemente, una significativa actualidad.

La previsión por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de la asignatura “Educación por la ciudadanía y los derechos humanos”, pareceplantear, no tanto una discusión sobre su existencia, sino principalmente sobre sus contenidos. Contenidos no sólo de conocimientos sino también de valores, y los riesgos de adoctrinamiento ideológico, que difícilmente encajan con el derecho de los padres a que los hijos reciban la formación religiosa y moral acorde a sus convicciones, planteándose la espinosa cuestión de la objeción de conciencia como...