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CONSIDERACIONES SOBRE
LA LEY DE “JUSTICIA Y PAZ”
Bogotá, 27 de junio de 2005
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos ha dado atento seguimiento durante los últimos dos años a las
diferentes propuestas relativas a un marco legal necesario para las negociaciones entre
el Gobierno y los grupos armados ilegales, destinadas a superar elconflicto interno
armado y a promover el desarme, la desmovilización y la reinserción colectiva de los
miembros de estos grupos, incluyendo el desmonte efectivo de las estructuras ilegales.
La Oficina, en desarrollo de su mandato y de su función de asesoría, ha destacado la
importancia y la urgencia de establecer con claridad los puntos y mecanismos
apropiados para que el marco jurídico seaadecuado, evite la impunidad y permita la
reconciliación nacional. Para lograr estos propósitos, Colombia debe contar con una ley
que honre cuidadosamente los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de
las víctimas. La Oficina ha brindado asesoría continua y detallada a todos los
interesados sobre estos puntosi.
La Oficina también ha señalado la conveniencia de que una ley adecuada seaadoptada por el Congreso como resultado de un alto grado de consenso entre todas las
fuerzas civiles democráticas del país.
En relación con la ley “Justicia y Paz”, aprobada por el Congreso el 22 de junio, la
Oficina observa que ésta no logra reunir los elementos esenciales aconsejables para
establecer una justicia transicional que, en aras de ser un instrumento de paz
sostenible, preveaincentivos y ofrezca beneficios para que los grupos armados ilegales
se desmovilicen y cesen sus hostilidades, a la vez que garantice adecuadamente los
derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación.
La ley ofrece muy generosos beneficios judiciales, como la fuerte reducción de penas
de privación de libertad y amplias posibilidades de libertad condicional, a quienes
hayancometido graves crímenes, sin una contribución efectiva al escla recimiento de la
verdad y a la reparación.
Por estas razones, podría abrir paso a que haya impunidad.
Algunas de las debilidades y lagunas observadas en la ley sonii:
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1) La ley no estimula en forma clara el logro de acuerdos colectivos entre el Gobierno y
los grupos armados al margen de la ley para que estos últimos cesenlas hostilidades,
dejen las armas, abandonen el conflicto armado, y desmonten efectivamente sus
estructuras ilegales. Es fundamental privilegiar los incentivos para la desmovilización
colectiva de los grupos y de sus bloques, pues sólo ello puede efectivamente permitir la
superación del conflicto armado y la firma de acuerdos orientados a la paz. La ley
adoptada da el mismo tratamiento a ladesmovilización individual, sin que haya acuerdo
o cese de hostilidades, y a la desmovilización colectiva, basada en acuerdos firmes e
integrales. Ello abre indebidamente las puertas a amplios beneficios judiciales
individuales para ciertos victimarios sin las contraprestaciones adecuadas. (Artículos 1,
2, 10 y 11)
2) La ausencia en la ley de referencias al conflicto armado interno y al derechointernacional humanitario hace que no existan fronteras claras respecto al tipo de
delitos que podrían ser cobijados por la llamada pena alternativa. Esta falta de contexto
y claridad normativa puede llegar a incluir delitos comunes y de narcotráfico. (Artículo 2)
3) El considerar el paramilitarismo como un delito político permite cobijar con la
impunidad a las personas, incluyendoeventualmente a servidores públicos, que hayan
participado o asistido en la conformación de grupos paramilitares o en sus actividades
ilegales. Según la Constitución, los delitos políticos pueden ser objeto de amnistías e
indultos, medidas que conducen a su olvido o a su perdón. (Artículo 72)
4) La ley aprobada no incluye condiciones y mecanismos lo suficientemente efectivos
para lograr el pleno...