138 CE RAD 17131 1

DACION EN PAGO – Posibilidad del deudor para aliviar la deuda hipotecaria / DECRETO 2331 DE 1998 – Exequibilidad condicionada / DACION EN PAGO – Las entidades financieras están obligadas a recibir los inmuebles cuando se lo propongan los deudores / SUPERINTENDENCIA BANCARIA – Está facultada para imponer sanciones a las entidades financieras que no reciban los inmuebles ofrecidos por los deudoreshipotecarios

Decreto 2331 de 1998, que es temporal, establecía la posibilidad de que el deudor de un crédito hipotecario para vivienda, en el evento que el saldo del crédito superara el valor comercial del inmueble, pidiera al acreedor que le recibiera el bien inmueble hipotecado en pago del total adeudado y que la entidad financiera, que aceptara la dación en pago, obtuviera un préstamo anteel FOGAFIN, en las condiciones que allí se señalaban. La Corte Constitucional mediante sentencia C-136 de 1999, revisó la constitucionalidad del decreto legislativo 2331/98. En cuanto al artículo 14, lo declaró exequible “en el entendido de que las entidades financieras a las que el deudor formule solicitud de dación en pago, en la hipótesis de la norma, están obligadas a aceptarla”. Condiciona deesta manera la exequibilidad del artículo, pues considera que, “de lo contrario, sería una cláusula potestativa que le quitaría eficacia a la medida, haría inútil la previsión gubernamental de ayuda a los deudores y quebrantaría los principios del Estado Social de Derecho, haciendo que sólo los ‘buenos negocios’ fueran aceptados por las instituciones financieras acreedoras”. Advirtió que laobligación de aceptar todas las entregas de inmuebles que le hagan a título de dación en pago, a cargo de las instituciones financieras, no riñe con el Estado Social de Derecho, con el postulado de solidaridad, ni el principio de prevalencia del interés general sobre el bien particular, previstos en el artículo 1 de la Constitución Política, y se ajusta al artículo 95 ib. que consagra los deberes que laconvivencia exige de cada uno de los asociados, en proporción a sus capacidades y posibilidades. Precisó la Corte que, este deber no viola los artículos 333 de la Constitución Política que consagra la libertad económica, ni el 334 que confía al Estado la dirección general de la economía y su intervención; ni el 335 que hace explícito el interés público de las actividades financiera, bursátil,aseguradora y de cualquier otra relacionada con el manejo, el aprovechamiento y la inversión de los recursos de captación y del ahorro privado; ni el 58 que establece la regla según la cual si de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social —como lo es el decreto de emergencia— resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ellareconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social; ni el artículo 2 ib., que señala como fin esencial del Estado el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; y confía a las autoridades de la República la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Finalmente, afirmóque el artículo 13 de la Constitución impone al Estado los deberes de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, de adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados y de proteger especialmente a aquellas personas que “por su condición económica” -entre otras causas- se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. Y, le ordena sancionar los abusos ymaltratos que contra ellas se cometan, por lo que, “esta Corte no vacila en afirmar que la Superintendencia Bancaria debe imponer sanciones, y las más drásticas, a las entidades financieras que, en la hipótesis del artículo examinado, se nieguen a recibir la dación en pago que el deudor les ofrece.”

FUENTE FORMAL: DECRETO 2331 DE 1998 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 215 / DECRETO 2330 1998

NOTA...