2004 00254 01 Oposici n secuestro
Páginas: 5 (1027 palabras)
Publicado: 8 de julio de 2015
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACION CIVIL
MAGISTRADO PONENTE:
Dr. PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA
Bogotá, DC., cuatro (4) de junio de dos mil cuatro (2004).
REF. Exp. T. No. 110012203000200400254-01
Decídese la impugnación interpuesta contra la sentencia del 26 de abril de 2004, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, negó la tutelapromovida por ENRIQUE NAVAS PINZÓN contra el JUZGADO ONCE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y el INSPECTOR PRIMERO C DISTRITAL DE POLICÍA de esta misma ciudad.
EL RECLAMO CONSTITUCIONAL
Y SU FUNDAMENTO
1. ENRIQUE NAVAS PINZÓN, demanda la protección constitucional al debido proceso, a la defensa, a la propiedad y al trabajo y sustento, los que considera fueron violados por el Inspector 1o. Distritalde Policía y por la Juez 11 Civil del Circuito de la ciudad, al practicar el primero la diligencia de secuestro ordenada por la segunda dentro del proceso ejecutivo hipotecario del BANCO CONAVI contra JORGE ENRIQUE NAVAS VENGOECHEA y ÁNGELA LUCÍA VELANDIA, solicitando, como medida cautelar, que se ordene la suspensión de la diligencia de remate y se practique nuevamente la diligencia desecuestro.
2. El peticionario deriva la violación que aduce de que en la diligencia de secuestro practicada el 28 de febrero de 2002, se soslayaron sus derechos al no plasmar en ella la existencia del establecimiento de comercio de su propiedad que allí funciona y no advertirle las consecuencias de la medida cautelar, pues, hubiera demostrado que realizó obras, mejoras y adaptaciones al inmueble.
LASENTENCIA DEL TRIBUNAL
En el fallo impugnado se negó el amparo constitucional con fundamento en que la ley establece dos oportunidades para que los terceros poseedores hagan valer sus derechos, una en el momento de la diligencia de secuestro, y otra, dentro de los 20 días siguientes a ella (arts. 686-2 y 687-8 C. P. C.), sin que sea obligación del funcionario hacerlo saber a quien se halle en elinmueble. Como el accionante estuvo presente en la diligencia sin formular oposición alguna y tampoco dentro de los 20 días posteriores formuló el incidente, indudablemente dejó pasar las oportunidades procesales para alegar sus derechos, circunstancia que le impide utilizar la acción de tutela para reabrir etapas del juicio que ya precluyeron.
Igualmente aseveró que la actuación siguió lasreglas propias del proceso hipotecario, lo que excluye la violación del debido proceso, amén que tampoco se vulneró el derecho al trabajo, ya que si bien puede verse afectado al rematarse el inmueble donde funciona el establecimiento, no es menos cierto que también está de por medio el derecho del acreedor de pagarse con los bienes de su deudor.
LA IMPUGNACIÓN
El accionante impugnó lasentencia de primer grado apuntalando su inconformidad en que el Tribunal se basó en afirmaciones falsas que le suministraron los funcionarios, ya que él no fue parte en el proceso, que era imposible, por habérselo explicado así su abogado, que se opusiera a una diligencia en que no se describió su establecimiento de comercio. Solicitó la protección de la posesión que ejerce por ser un requisito esencialpara ser propietario, que es un derecho fundamental, reclamando le sea pagada una prima, la instalación en un nuevo local, y demás indemnizaciones.
CONSIDERACIONES
Estudiados los fundamentos de la queja constitucional y examinado el material probatorio presentado, se tiene que ENRIQUE NAVAS PINZÓN estuvo presente en la diligencia de secuestro del inmueble practicada por la Inspección PrimeraC Distrital de Policía el 28 de febrero de 2002, dentro del proceso hipotecario promovido por Conavi Banco Comercial y de Ahorro S. A. contra Ángela Lucía Valencia Puertas, Jorge Enrique Navas Vengohechea y José Alejandro Navas Vengohechea que cursó en el Juzgado 11 Civil del circuito. Enterado de la diligencia manifestó oponerse por existir pleito pendiente toda vez que él y la demandada...
SALA DE CASACION CIVIL
MAGISTRADO PONENTE:
Dr. PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA
Bogotá, DC., cuatro (4) de junio de dos mil cuatro (2004).
REF. Exp. T. No. 110012203000200400254-01
Decídese la impugnación interpuesta contra la sentencia del 26 de abril de 2004, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, negó la tutelapromovida por ENRIQUE NAVAS PINZÓN contra el JUZGADO ONCE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y el INSPECTOR PRIMERO C DISTRITAL DE POLICÍA de esta misma ciudad.
EL RECLAMO CONSTITUCIONAL
Y SU FUNDAMENTO
1. ENRIQUE NAVAS PINZÓN, demanda la protección constitucional al debido proceso, a la defensa, a la propiedad y al trabajo y sustento, los que considera fueron violados por el Inspector 1o. Distritalde Policía y por la Juez 11 Civil del Circuito de la ciudad, al practicar el primero la diligencia de secuestro ordenada por la segunda dentro del proceso ejecutivo hipotecario del BANCO CONAVI contra JORGE ENRIQUE NAVAS VENGOECHEA y ÁNGELA LUCÍA VELANDIA, solicitando, como medida cautelar, que se ordene la suspensión de la diligencia de remate y se practique nuevamente la diligencia desecuestro.
2. El peticionario deriva la violación que aduce de que en la diligencia de secuestro practicada el 28 de febrero de 2002, se soslayaron sus derechos al no plasmar en ella la existencia del establecimiento de comercio de su propiedad que allí funciona y no advertirle las consecuencias de la medida cautelar, pues, hubiera demostrado que realizó obras, mejoras y adaptaciones al inmueble.
LASENTENCIA DEL TRIBUNAL
En el fallo impugnado se negó el amparo constitucional con fundamento en que la ley establece dos oportunidades para que los terceros poseedores hagan valer sus derechos, una en el momento de la diligencia de secuestro, y otra, dentro de los 20 días siguientes a ella (arts. 686-2 y 687-8 C. P. C.), sin que sea obligación del funcionario hacerlo saber a quien se halle en elinmueble. Como el accionante estuvo presente en la diligencia sin formular oposición alguna y tampoco dentro de los 20 días posteriores formuló el incidente, indudablemente dejó pasar las oportunidades procesales para alegar sus derechos, circunstancia que le impide utilizar la acción de tutela para reabrir etapas del juicio que ya precluyeron.
Igualmente aseveró que la actuación siguió lasreglas propias del proceso hipotecario, lo que excluye la violación del debido proceso, amén que tampoco se vulneró el derecho al trabajo, ya que si bien puede verse afectado al rematarse el inmueble donde funciona el establecimiento, no es menos cierto que también está de por medio el derecho del acreedor de pagarse con los bienes de su deudor.
LA IMPUGNACIÓN
El accionante impugnó lasentencia de primer grado apuntalando su inconformidad en que el Tribunal se basó en afirmaciones falsas que le suministraron los funcionarios, ya que él no fue parte en el proceso, que era imposible, por habérselo explicado así su abogado, que se opusiera a una diligencia en que no se describió su establecimiento de comercio. Solicitó la protección de la posesión que ejerce por ser un requisito esencialpara ser propietario, que es un derecho fundamental, reclamando le sea pagada una prima, la instalación en un nuevo local, y demás indemnizaciones.
CONSIDERACIONES
Estudiados los fundamentos de la queja constitucional y examinado el material probatorio presentado, se tiene que ENRIQUE NAVAS PINZÓN estuvo presente en la diligencia de secuestro del inmueble practicada por la Inspección PrimeraC Distrital de Policía el 28 de febrero de 2002, dentro del proceso hipotecario promovido por Conavi Banco Comercial y de Ahorro S. A. contra Ángela Lucía Valencia Puertas, Jorge Enrique Navas Vengohechea y José Alejandro Navas Vengohechea que cursó en el Juzgado 11 Civil del circuito. Enterado de la diligencia manifestó oponerse por existir pleito pendiente toda vez que él y la demandada...
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