2006 00667 00 CONVERSI N UPAC A UVR
Páginas: 7 (1639 palabras)
Publicado: 19 de abril de 2015
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN CIVIL
MAGISTRADO PONENTE:
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil seis (2006).
REF. Exp. T. No. 110010203000 2006 00667 -00
Decídese la acción de tutela instaurada por Alba Cecilia Granados de Cañón y Yolanda Granados Lizcano contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil–Familia, y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa misma ciudad.
EL RECLAMO CONSTITUCIONAL
Y SU FUNDAMENTO
1. Las prenombradas accionantes demandan la protección constitucional de los derechos fundamentales a la vivienda digna, al debido proceso, a la igualdad, el de acceso a la administración de justicia, a la propiedad y a la posesión, presuntamente vulnerados por los funcionariosjudiciales acusados dentro del trámite del proceso ejecutivo hipotecario que en su contra instauró el Banco Granahorrar S.A.
2. Exponen la peticionarias como fundamento de su queja constitucional, en síntesis, que la citada entidad financiera inició el referido proceso, en el año de 2001, con base en un pagaré otorgado por la suma de $13.000.000, equivalente a 1634.987 UPAC; que el juzgado deconocimiento debió rechazar la demanda por cuanto no se acompañó prueba que sirviera de soporte para la conversión de las UPAC a UVR, tal como lo prevén los artículos 38 y 39 de la Ley 546 de 1999, es decir, que se les debió notificar la modificación de los documentos en los cuales constara las obligaciones convertidas a esa unidad para reestructurar o reliquidar el crédito en esos mismos términos;que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de la citada ley, el banco debió abonarle al crédito los beneficios de la inversión social para vivienda, lo cual no ocurrió; que el juzgado de conocimiento, mediante sentencia del 1º de diciembre de 2003, declaró no probadas las excepciones de mérito que formularon, pero dispuso que la ejecución no podía proseguirse porque no había prueba de“obligaciones claras, expresas y exigibles” y, en consecuencia revocó el mandamiento de pago; que contra dicha providencia la parte ejecutante interpuso recurso de apelación.
3. Que el Tribunal accionado al desatar la alzada revocó la mencionada providencia, por medio de la sentencia del 30 de marzo de 2005, y en consecuencia, ordenó seguir adelante con la ejecución y decretó la venta en públicasubasta del inmueble hipotecado.
4. Acusan a los juzgadores accionados de incurrir en vía de hecho, al juzgado, por admitir la demanda y tramitar el referido proceso ejecutivo y al tribunal, por proferir la aludida sentencia sin tener en cuenta la falta de soporte, que debía aportar le entidad ejecutante, de la conversión de UPAC a UVR y sin que existiera prueba de la reliquidación del créditoque debía presentar el banco de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Vivienda.
5. Solicitan para la protección de sus derechos fundamentales, que se decrete la terminación del aludido proceso para que la entidad demandante reliquide la obligación con los beneficios consagrados en la Ley 546 de 1999.
CONSIDERACIONES
Débese comenzar por advertir que la Sala al decidir unaacción de tutela sobre este mismo tópico advirtió que “empero, es incontestable que del texto de la disposición contenida en el artículo 38 de la referida ley se infiere sin dificultad alguna que allí se plasma la necesidad de modificar los documentos en los que consten las obligaciones pactadas en el derogado sistema para denominarlas en la nueva unidad de cuenta, modificación que no exige nitácita ni explícitamente el consentimiento del deudor, justamente porque ella no presupone, como ya se dijera, en principio, un menoscabo a su inicial situación, ni la variación de los elementos estructurales de la obligación, motivo por el cual tal alteración de la materialidad del título no sólo no puede tildarse de un acto antijurídico sino, por el contrario, obligado para las entidades...
SALA DE CASACIÓN CIVIL
MAGISTRADO PONENTE:
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de junio de dos mil seis (2006).
REF. Exp. T. No. 110010203000 2006 00667 -00
Decídese la acción de tutela instaurada por Alba Cecilia Granados de Cañón y Yolanda Granados Lizcano contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil–Familia, y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa misma ciudad.
EL RECLAMO CONSTITUCIONAL
Y SU FUNDAMENTO
1. Las prenombradas accionantes demandan la protección constitucional de los derechos fundamentales a la vivienda digna, al debido proceso, a la igualdad, el de acceso a la administración de justicia, a la propiedad y a la posesión, presuntamente vulnerados por los funcionariosjudiciales acusados dentro del trámite del proceso ejecutivo hipotecario que en su contra instauró el Banco Granahorrar S.A.
2. Exponen la peticionarias como fundamento de su queja constitucional, en síntesis, que la citada entidad financiera inició el referido proceso, en el año de 2001, con base en un pagaré otorgado por la suma de $13.000.000, equivalente a 1634.987 UPAC; que el juzgado deconocimiento debió rechazar la demanda por cuanto no se acompañó prueba que sirviera de soporte para la conversión de las UPAC a UVR, tal como lo prevén los artículos 38 y 39 de la Ley 546 de 1999, es decir, que se les debió notificar la modificación de los documentos en los cuales constara las obligaciones convertidas a esa unidad para reestructurar o reliquidar el crédito en esos mismos términos;que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de la citada ley, el banco debió abonarle al crédito los beneficios de la inversión social para vivienda, lo cual no ocurrió; que el juzgado de conocimiento, mediante sentencia del 1º de diciembre de 2003, declaró no probadas las excepciones de mérito que formularon, pero dispuso que la ejecución no podía proseguirse porque no había prueba de“obligaciones claras, expresas y exigibles” y, en consecuencia revocó el mandamiento de pago; que contra dicha providencia la parte ejecutante interpuso recurso de apelación.
3. Que el Tribunal accionado al desatar la alzada revocó la mencionada providencia, por medio de la sentencia del 30 de marzo de 2005, y en consecuencia, ordenó seguir adelante con la ejecución y decretó la venta en públicasubasta del inmueble hipotecado.
4. Acusan a los juzgadores accionados de incurrir en vía de hecho, al juzgado, por admitir la demanda y tramitar el referido proceso ejecutivo y al tribunal, por proferir la aludida sentencia sin tener en cuenta la falta de soporte, que debía aportar le entidad ejecutante, de la conversión de UPAC a UVR y sin que existiera prueba de la reliquidación del créditoque debía presentar el banco de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Vivienda.
5. Solicitan para la protección de sus derechos fundamentales, que se decrete la terminación del aludido proceso para que la entidad demandante reliquide la obligación con los beneficios consagrados en la Ley 546 de 1999.
CONSIDERACIONES
Débese comenzar por advertir que la Sala al decidir unaacción de tutela sobre este mismo tópico advirtió que “empero, es incontestable que del texto de la disposición contenida en el artículo 38 de la referida ley se infiere sin dificultad alguna que allí se plasma la necesidad de modificar los documentos en los que consten las obligaciones pactadas en el derogado sistema para denominarlas en la nueva unidad de cuenta, modificación que no exige nitácita ni explícitamente el consentimiento del deudor, justamente porque ella no presupone, como ya se dijera, en principio, un menoscabo a su inicial situación, ni la variación de los elementos estructurales de la obligación, motivo por el cual tal alteración de la materialidad del título no sólo no puede tildarse de un acto antijurídico sino, por el contrario, obligado para las entidades...
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