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Páginas: 28 (6899 palabras)
Publicado: 22 de octubre de 2015
EL MODELO PROCESAL DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004
Arsenio Oré Guardia*
1. Introducción
Previamente a desarrollar sobre cuál es el modelo adoptado por el Código Procesal Penal de 2004 es preciso explicar brevemente qué supone hablar de la constitucionalización del ordenamiento jurídico y, fundamentalmente, de las bases constitucionales del proceso penal.
Al respecto, Andrea Meroi afirmaque la segunda mitad del siglo XX trajo consigo un nuevo paradigma jurídico, el cual ha sido denominado –en contraposición al Estado legal de Derecho– Estado constitucional de Derecho o simplemente neoconstitucionalismo. A partir de esta concepción, según esta autora la Carta Fundamental deja de ser un mero instrumento de organización del poder y de declaración de unas libertades básicas, y pasa aser una norma directamente operativa, que contiene el reconocimiento de garantías –tanto positivas como negativas– exigibles jurisdiccionalmente1.
En palabras de Bernal Cuéllar y Montealegre Lynett, la fórmula “Estado social de Derecho” es la síntesis de tendencias históricas que reflejan la superación del esquema liberal tradicional, recogido en la expresión “Estado de Derecho”. Así, de lasimple existencia de un control de legalidad a la administración, se ha pasado a un esquema en el cual toda actuación estatal debe estar en consonancia con la Constitución y a la existencia de mecanismos que lo aseguran2.
En efecto, el Estado Constitucional de Derecho (Estado Constitucional) supone que la misma legalidad queda subordinada a las constituciones rígidas; o lo que es igual, hay unarelación de supraordenación de las leyes a la Constitución, de modo que no importa solo el hecho de que el órgano que las haya creado tenga competencia legislativa, sino que también sus contenidos deben ser coherentes y respetuosos de los principios constitucionales.
Ahora bien, por influencia del Estado Constitucional de Derecho, las bases del Derecho penal y procesal penal, como bien lo sostiene LandaArroyo, “no hay que buscarlas en las leyes, sino en la Constitución, entendida como orden jurídico fundamental del actual Estado constitucional democrático”3. Esta afirmación se sustenta en el principio de supremacía constitucional, que permite superar vacíos o contradicciones normativas entre el sistema penal y la Constitución.
Teniendo ello en consideración, las bases o fundamentosconstitucionales de la reforma procesal penal debemos buscarla y hallarla en la Constitución y los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos, y no en la legislación de segundo orden. Aquellos indudablemente regulan disposiciones que tienen incidencia directa en la regulación del proceso penal, las cuales vinculan inexorablemente a los legisladores4.
Ahora bien, reconocer que el procesopenal es constitucionalizado, nos preguntamos, acaso supone que la Constitución debe establecer un modelo procesal determinado, o es que en el texto constitucional solo encontramos las líneas rectoras del modelo procesal a adoptarse. Sobre este aspecto versarán las siguientes líneas.
2. ¿La constitución establece un sistema procesal?
No existe consenso a nivel de la doctrina sobre este tema, yaque para algunos autores la Constitución Política solo establece un programa o lineamiento que el legislador debe observar5; mientras que otros entienden que dicha carta política sí adopta un sistema procesal determinado, tal como el acusatorio6 o acusatorio-adversarial7.
Por nuestra parte, consideramos que la Constitución, en concordancia con los tratados y convenios internacionales ratificadospor el Perú (art. 55° Const.), no adopta ninguno de los sistemas procesales penales (acusatorio, inquisitivo, mixto ni adversarial); sino que establece un programa constitucional8, en base al principio de supremacía de la Constitución9, cuyos parámetros deben ser observados y desarrollados a través de la legislación ordinaria, sea esta de primer (leyes, Decretos legislativos, Decretos leyes,...
Arsenio Oré Guardia*
1. Introducción
Previamente a desarrollar sobre cuál es el modelo adoptado por el Código Procesal Penal de 2004 es preciso explicar brevemente qué supone hablar de la constitucionalización del ordenamiento jurídico y, fundamentalmente, de las bases constitucionales del proceso penal.
Al respecto, Andrea Meroi afirmaque la segunda mitad del siglo XX trajo consigo un nuevo paradigma jurídico, el cual ha sido denominado –en contraposición al Estado legal de Derecho– Estado constitucional de Derecho o simplemente neoconstitucionalismo. A partir de esta concepción, según esta autora la Carta Fundamental deja de ser un mero instrumento de organización del poder y de declaración de unas libertades básicas, y pasa aser una norma directamente operativa, que contiene el reconocimiento de garantías –tanto positivas como negativas– exigibles jurisdiccionalmente1.
En palabras de Bernal Cuéllar y Montealegre Lynett, la fórmula “Estado social de Derecho” es la síntesis de tendencias históricas que reflejan la superación del esquema liberal tradicional, recogido en la expresión “Estado de Derecho”. Así, de lasimple existencia de un control de legalidad a la administración, se ha pasado a un esquema en el cual toda actuación estatal debe estar en consonancia con la Constitución y a la existencia de mecanismos que lo aseguran2.
En efecto, el Estado Constitucional de Derecho (Estado Constitucional) supone que la misma legalidad queda subordinada a las constituciones rígidas; o lo que es igual, hay unarelación de supraordenación de las leyes a la Constitución, de modo que no importa solo el hecho de que el órgano que las haya creado tenga competencia legislativa, sino que también sus contenidos deben ser coherentes y respetuosos de los principios constitucionales.
Ahora bien, por influencia del Estado Constitucional de Derecho, las bases del Derecho penal y procesal penal, como bien lo sostiene LandaArroyo, “no hay que buscarlas en las leyes, sino en la Constitución, entendida como orden jurídico fundamental del actual Estado constitucional democrático”3. Esta afirmación se sustenta en el principio de supremacía constitucional, que permite superar vacíos o contradicciones normativas entre el sistema penal y la Constitución.
Teniendo ello en consideración, las bases o fundamentosconstitucionales de la reforma procesal penal debemos buscarla y hallarla en la Constitución y los convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos, y no en la legislación de segundo orden. Aquellos indudablemente regulan disposiciones que tienen incidencia directa en la regulación del proceso penal, las cuales vinculan inexorablemente a los legisladores4.
Ahora bien, reconocer que el procesopenal es constitucionalizado, nos preguntamos, acaso supone que la Constitución debe establecer un modelo procesal determinado, o es que en el texto constitucional solo encontramos las líneas rectoras del modelo procesal a adoptarse. Sobre este aspecto versarán las siguientes líneas.
2. ¿La constitución establece un sistema procesal?
No existe consenso a nivel de la doctrina sobre este tema, yaque para algunos autores la Constitución Política solo establece un programa o lineamiento que el legislador debe observar5; mientras que otros entienden que dicha carta política sí adopta un sistema procesal determinado, tal como el acusatorio6 o acusatorio-adversarial7.
Por nuestra parte, consideramos que la Constitución, en concordancia con los tratados y convenios internacionales ratificadospor el Perú (art. 55° Const.), no adopta ninguno de los sistemas procesales penales (acusatorio, inquisitivo, mixto ni adversarial); sino que establece un programa constitucional8, en base al principio de supremacía de la Constitución9, cuyos parámetros deben ser observados y desarrollados a través de la legislación ordinaria, sea esta de primer (leyes, Decretos legislativos, Decretos leyes,...
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