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CUESTIONES DE ORDENAMIENTO
JUDICIAL

SISTEMA POLITICO y ORGANIZACION JUDICIAL
Claudio MOVILLA ALVAREZ

1. El poder judicial constituye uno de los aparatos
del Estado a quien se atribuye en exclusiva, de conformidad con el artículo 117.3 de la Constitución, la
potestad jurisdiccional «juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado». Pero este poder judicial no está
constituido por un sólo órgano, comosucede con el
poder legislativo encuadrado en las Cámaras Legislativas, o el ejecutivo en su función de dirección política que se encarna en el Gobierno del Estado. Por
el contrario, el poder judicial aparece diluido, diseminado entre una pluralidad de órganos con muy diversa estructura y diversas atribuciones, aunque todas ellas resumidas en la función-potestad de juzgar.
Esta pluralidad de órganosdetentadores de aquella función viene exigida por razones de muy variada naturaleza: de carácter geográfico, a causa de la
obligada aproximación de la justicia al justiciable, al
ciudadano; de carácter material, al ser muy diversa
la naturaleza de los conflictos que pueden ser sometidos a la decisión judicial y a la atribución a diferentes órganos y, procesal, al estar dividido el proceso endiversas fases que se confieren a órganos
jurisdiccionales diferentes.
La organización judicial adquiere su real naturaleza cuando aparece la profesionalización de la justicia en el sistema napoleónico. Esto no quiere decir
que ya anteriormente, en el Ancien Régimen, no
existieran unos determinados principios organizativos de la función de juzgar, sino recalcar que la actual configuración de lajusticia continental enlaza directamente con las reformas napoleónicas y que en
muchos aspectos es aún tributaria de aquella.
La Administración de Justicia postula una organización de muy especiales características, que debería posibilitar en un plano ideal y al mismo tiempo la
imparcialidad y la actitud técnica de los jueces, la rápidez y la economía del proceso, la comodidad y la
comprensión deljusticiable. Exigencia estas que,
como señalan Henri Roland y Laurent Boyer, en muchas ocasiones son díficiles de conciliar, de forma
que cada Estado encuentra su propio punto de equilibrio en función de sus tradiciones históricas, del
temperamento de su pueblo, de su ideología política
y de las exigencias presupestarias.
11. En principio no puede negarse que la organización de la Administración deJusticia, que signifi-

ca la articulación de una serie de elementos personales y materiales para una determinada finalidad,
hacer posible la realización de la función de juzgar,
la prestación de un servicio público de los más fundamentales para la vida comunitaria, es tributaria de
los principios y criterios que rigen toda organización
en el mundo del Derecho privado, como pueden ser
la distribuciónracional del trabajo, la eficacia, la rápidez, la rentabilidad, etc.
Pero todos estos principios tan caros a quienes
se quedan anclados en meros criterios economicistas, tienen que ser modulados en su aplicación a la
Admnistración de Justicia, ya que en definitiva la finalidad de ésta es la defensa y salvaguardia de los
derechos y libertades de los ciudadanos y a dicha
finalidad tienen que sersubordinados cualesquiera
otros criterios. Y así, la eficacia que en un principio
y en un plano aséptico haria referencia a una mera
cuestión de productividad, de rentabilidad, tendría
que introducir en su funcionalización dentro del aparato judicial, la nota de finalismo; tendria que plantearse el «para qué» y a quien beneficia y sirve esa
anhelada eficacia. La rapidez, que también es un valordeseable en la actividad judicial, mas que deseable absolutamente necesario, tiene que ser completado con la ineludible seguridad jurídica. La rentabilidad entendida en un sentido cuantitativo de aumento en las unidades del producto justicia, significa muy
poco si se consigue al margen de su imbricación y
contacto con la sociedad civil.
y también conviene señalar como hace Adolfo
Carretero, que...