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RETENCION DEL PAGO DE CESANTIAS – Procedencia cuando el empleado es destituido por conducta que pueda constituir delito contra la administración pública

Lo que se busca con la retención de las cesantías es “preservar el interés general cuando la conducta del funcionario afecta el erario pues, de esta manera, la administración puede contar con mecanismos jurídicos para asegurar que parte de loque le fue sustraído ilegalmente retorne al patrimonio del Estado, porque al empleador estatal no sólo le asiste el derecho a defender el patrimonio público, sino que, correlativamente, tiene el deber legal de hacerlo para garantizar la moralidad administrativa. La medida cautelar de retención de las cesantías busca precaver o prevenir las contingencias que puedan sobrevenir sobre las personas olos bienes, o sobre los medios de prueba mientras se inicia el proceso penal porque, como se explicó anteriormente, se trata de preservar el erario”. Así las cosas y conforme con los anteriores precedentes jurisprudenciales, considera la Sala que la administración puede válida y jurídicamente retener las cesantías del trabajador no sólo cuando sea destituido como consecuencia de un procesodisciplinario sino, también, cuando existan serios elementos de juicio derivados de la conducta del servidor público que lleve objetivamente a la entidad territorial a concluir que se pudo haber cometido alguno de los delitos contra la administración pública previstos en el título XV del Código Penal. En el caso sub lite aparece probado que el actor, en su condición de alcalde municipal de Guayatá,suscribió a finales del mes de diciembre de 1997 un contrato de prestación de servicios de reforestación por valor de $20.240.000, entregando un anticipo del 50%, a sabiendas de que no contaba con recursos presupuestales para pagar los gastos de nómina, que tienen prioridad por tratarse de la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Adicionalmente, en la parte resolutiva del actoadministrativo por medio del cual se resuelve el derecho de petición presentado por el señor Dueñas Barreto, se dispuso “ordenar el envío de copias de esta actuación a la Procuraduría Provincial y Fiscalía seccional de Guateque para que se adelanten las investigaciones respectivas” y, aparece probada la existencia de un proceso penal en contra del demandante por los delitos de peculado porapropiación, entre otros, tipo penal ubicado en el título XV del Código Penal (art. 397). Por ello, la administración municipal procedió de manera justificada al retener la prestación social adeudada al actor pues en todo caso, dichos dineros fueron girados como medida preventiva a órdenes del Juzgado Penal del Circuito de Guateque dentro del proceso penal que se adelanta en su contra por los punibles depeculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2712 DE 1999 – ARTICULO 3



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION “B”

Consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil once (2011).

Radicación número: 15001-23-31-000-2001-01379-01(1747-09)

Actor: CESARHERNAN DUEÑAS BARRETO

Demandado: MUNICIPIO DE GUAYATA - BOYACA




AUTORIDADES MUNICIPALES


Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 28 de mayo de 2009 del Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución No. 036 del 2001que reconoció al actor unas prestaciones sociales.

ANTECEDENTES


1. LA DEMANDA. CÉSAR HERNÁN DUEÑAS BARRETO, acudió a la jurisdicción en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo y solicitó que se declare la nulidad de la Resolución No. 036 del 26 de febrero de 2001, expedida por el alcalde de Guayatá.

Como consecuencia de tal declaración, y a...