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El caso “Thomas” y dos aspectos de la
legitimación procesal: El derecho a la
legalidad y los legisladores
Case “Thomas” and two aspects of plaintiff’s Stading:
the right to Legality and Legislators
Por Santiago Díaz Cafferata(*)
I. Introducción
El 15 de junio de 2010 la Corte Suprema dictó resolución en la causa “Thomas” (1). El diputado
nacional Enrique Thomas inició una acción de amparo contrael Estado Nacional, señalando que se
habrían conculcado sus derechos como legislador en el trámite de sanción de la ley 26.522 (conocida
como la “ley de medios”), ya que tal trámite habría sido “irregular”.
Al amparista le fue reconocida en primera y segunda instancia la legitimación para actuar en
base a dos fundamentos. En primer lugar, por su condición de legislador. En segundo lugar, porencontrarse en juego derechos de incidencia colectiva, relativos o generados por “intereses individuales
homogéneos”, como es el de todo ciudadano argentino a ser regido por leyes dictadas de conformidad
con las normas constitucionales, y por ende se excluya a las que no se conforman al estándar institucional propio del estado de derecho. Por el contrario, la Corte le negó legitimación procesal paraactuar en ambos aspectos.
En el presente trabajo se pretende analizar tales aspectos de la legitimación. Para ello se reseñarán los precedentes de la Corte en la materia. Luego se analizará si hay algún aspecto de la legitimación procesal de los ciudadanos para actuar en defensa del derecho de la legalidad que merezca
ser revisado a la luz de la reforma constitucional del año 1994, y si reconocertal legitimación puede
atacar el principio del “caso judicial”. Finalmente, se contrastarán los antecedentes referidos a la legitimación de los legisladores con lo resuelto en el caso en análisis.
II. Los antecedentes de la Corte referidos al derecho a la legalidad
Entre los casos en los que la Corte se pronunció respecto al derecho de los ciudadanos a accionar en defensa del derecho a la legalidad,hemos de señalar los principales. El primero de ellos es el
caso “Baeza” (2), iniciado por el abogado Aníbal Baeza con la finalidad de obtener que se declarara la
inconstitucionalidad del decreto 2272/84 por el cual el Poder Ejecutivo Nacional convocó a una con(*)
Abogado (Universidad Nacional de Córdoba, 2004), Magister en Derecho Administrativo (Universidad
Austral, 2007). Docente auxiliar dela Cátedra “A” de Derecho Político de la Fac. de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba. E.mail diazcafferata@gmail.com

(1) Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Thomas, Enrique c/ E.N.A. s amparo”, 15/6/2010, disponible
en www.csjn.gov.ar, consultado el 28 de agosto de 2010.
(2) Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Recurso de hecho deducido por Aníbal Roque Baezaen la
causa Baeza, Aníbal Roque c/ Estado Nacional”, 28/8/1984, Fallos 306:1125.



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Revista de la Facultad

sulta popular sobre los términos del arreglo de los límites con Chile en la zona del Canal de Beagle.
La mayoría de la Corte señaló que el Poder Judicial actúa en casos de carácter contencioso, es decir
en aquellas en las que se persigue en concreto la determinación del derechodebatido entre partes
adversas, y que no constituye causa o caso contencioso el pedido de declaración general y directa
de inconstitucionalidad de normas o actos de otros poderes (cons. 2°). El voto en disidencia de Fayt
si bien propone también el rechazo de la acción, no niega legitimación al actor, ya que entiende que
hay una situación de incertidumbre sobre el alcance y modalidad de la consulta, quepuede producir
perjuicio al cuerpo electoral de la Nación, y al actor como integrante del mismo (cons. 3°).
Los casos “Lorenzo” (3) y “Zaratiegui” (4) fueron iniciados por diversos ciudadanos requiriendo
la inconstitucionalidad de la ley 23172 de Aprobación del Tratado de Paz y Amistad firmado con la
República de Chile, y la Corte ratificó lo expuesto en “Baeza”.
El caso “Gascón Cotti” (5) fue...