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3-91.
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Antiguo Cuscatlán, a las once
horas del día siete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.
El presente proceso constitucional ha sido promovido por el ciudadano José Gabriel Piloña
Araujo, a fin que este Tribunal declare la inconstitucionalidad, en su forma, del Decreto
Legislativo N° 67, de uno de septiembre de milnovecientos ochenta y ocho, publicado en
el Diario Oficial N° 165, Tomo 300, correspondiente al siete del mismo mes y año, por
medio del cual la Asamblea Legislativa ratificó en todas sus partes el Tratado Constitutivo
del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas.
Han intervenido en el proceso, además del mencionado ciudadano, la Asamblea Legislativa
y el Fiscal General de la República.Analizados los argumentos, y considerando:
I. En el trámite del proceso, los intervinientes expusieron lo siguiente:
1. El peticionario, en su demanda, fundamentó su pretensión que se declare inconstitucional
el decreto impugnado, en los siguientes argumentos:
Que con el tratado ratificado por el D. L. N° 67/88 "se ha pretendido derogar principios
constitucionales que determinan la estructurapolítico-jurídica del Estado", así como se ha
violentado la Constitución modificando, derogando y contradiciendo varias de sus
disposiciones relativas a los derechos políticos del ciudadano (Art. 72), los deberes
políticos del ciudadano (Art. 73), la suspensión de los derechos de ciudadanía (Art. 74), la
pérdida de los derechos de ciudadanía (Art. 75), la división territorial para efectos
electorales yel sistema de representación proporcional (Art. 79), los funcionarios de
elección popular (Art. 80), la propaganda electoral (Art. 81), la determinación de quiénes
no pueden pertenecer a partidos políticos ni optar a cargos de elección popular (Art. 82), la
ratificación de tratados (Art. 144 y siguientes) y el procedimiento de reforma de la
Constitución (Art. 248).
Concretamente, el demandantesostuvo que el decreto que impugna en su demanda, adolece
de graves violaciones "de forma y de contenido"; las primeras, porque la Asamblea
Legislativa no cumplió con los requisitos constitucionales irrefutablemente obligatorios
para ratificar, promulgar y publicar un tratado; y las segundas, porque el tratado impugnado
"contiene disposiciones que transgreden o violan normas, valores y principiosjurídicos
básicos que la Constitución adopta y preserva, como fundamentos filosófico-jurídicos sobre
los cuales se apoya la organización y funcionamiento de nuestra República", siendo
ejemplos de tales, la libertad, la igualdad, la justicia, la equidad, la seguridad jurídica, la
cultura, el bien común "y otros más, que en forma expresa o tácita definen la estructura de
El Salvador como país libre ysoberano, orientado a lograr la seguridad, el progreso y la
cultura de quienes viven en su territorio".

Ahondando en su argumentación relativa a las que denominó violaciones de forma, el
ciudadano Piloña Araujo señaló que la Asamblea Legislativa, al emitir el D. L. Nº 67/88,
expresa que lo hace "en uso de sus facultades constitucionales y de conformidad al Art. 131
ordinal 7° de la Constitución, enrelación con el Art. 168 ordinal 4° de la misma",
omitiendo -según el peticionario- los requisitos que exige el Art. 133 Cn., en lo que se
refiere a la iniciativa de ley; asimismo, que en el Considerando I del decreto se dice que el
tratado en cuestión "fue aprobado por el Organo Ejecutivo por medio del Acuerdo N° 568,
emitido en el Ramo de Relaciones Exteriores con fecha 20 de octubre de 1987",lo cual según el ciudadano Piloña Araujo- constituye una "situación totalmente contraria al
principio del Art. 89 Cn."
En cuanto a las que denominó violaciones de contenido, el demandante afirmó que, si el
criterio de la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo hubiere sido que, en virtud del
mencionado tratado, se enajenara parte de la soberanía nacional, su ratificación -al tenor de
lo...