Abogada
1. Definición.La potestad sancionadora es aquella facultad de la administración pública
de imponer sanciones a través de un procedimiento administrativo,
entendida la sanción administrativa como aquel mal infligido a un
administrado como consecuencia de una conducta ilícita, con finalidad
represora, consistiendo la sanción en la privación de un bien o derecho, ola imposición de un deber, al estar vedada para la administración pública
las sanciones consistentes en privación de libertad.
2. La necesidad de regular el ejercicio de la potestad administrativa
sancionadora en el Perú.Cuando fue elaborado el anteproyecto de la Ley N° 27444, del
Procedimiento Administrativo General, existía conciencia cierta de la
necesidad de dotar de un régimen legalespecifico que tornara predecible
al ejercicio de la potestad sancionadora por parte de las entidades
públicas. Encontrándonos frente a la potestad más aflictiva con que
cuenta la administración para legítimamente gravar patrimonios, limitar o
cancelar derechos o imponer restricciones a las facultades ciudadanas, el
contexto del fin de la década de los noventa hacía indispensable acometer
estatarea. No en vano, estábamos frente a dos fenómenos convergentes
que potenciaron dicha potestad administrativa. De un lado, la
consolidación de los roles normativos, inspectivos y ordenadores de la
administración, antes que como prestador de servicios y de bienes
públicos. Por el otro, la sostenida tendencia a la despenalización de ilícitos
penales, condujo al proporcional incremento de lossupuestos de ilícitos
administrativos,
y
a
contar
con
organismos
con
competencia
sancionadora.
En este sentido, conscientes que la potestad sancionada constituye una
competencia de gestión necesaria complementaria a la potestad de
mando y corrección para el adecuado cumplimiento del orden
administrativo establecido en procura del interés público. Pero a su vez,quienes conformaron la comisión elaboradora del anteproyecto adoptaron
conscientemente la decisión de diseñar las pautas mínimas comunes para
que todas las entidades administrativas con aptitud para aplicación
sanciones sobre los administrados, la ejerzan de manera democrática,
previsible y no arbitraria. No consideramos que el control judicial posterior
fuera eficiente para disciplinarla, sinoque, por el contrario, sería más
conveniente dotarle de un régimen positivo claro que permita su control
preventivo y concurrente, por las autoridades superiores y la recurrencia
pública.
3. La peculiaridad de los principios aplicables a la potestad
sancionadora.Con el objeto de identificar cuáles eran los valores fundamentales que, a
título de principios, debían ser comúnmente respetadospor el legislador
al normar la potestad sancionada y por las entidades administrativas al
momento de aplicarla concretamente sobre los administrados, fueron
aislados aquellos que consideramos estrictamente indispensables para
racionalizar su ejercicio, pero sin imposibilitar su emprendimiento, en
resguardo del interés público que titulariza la administración. Nótese que
en primer lugar, estosprincipios –por su basamento constitucional, son
exigibles a la función legislativa del Estado cuando configura las
conductas sancionables, las sanciones a aplicar o la estructura formal del
procedimiento sancionador. Sólo a partir de ahí, serán exigibles a la
administración para ejercitar la voluntad sancionadora a los casos
concretos.
En este sentido, fueron identificados como principiosesenciales el de
legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad, irretroactividad
de la norma y retroactividad benigna, concurso de infracciones,
causalidad, presunción de licitud, y non bis in ídem. Todos ellos cumplen
con respecto a la potestad sancionadora una triple función: la fundante
(preceder a la existencia de las reglas mismas de la potestad
sancionadora), la...
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