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La aplicación de la suspensión del juicio a prueba a delitos reprimidos con pena de inhabilitación.



Por Ma. Ángela Jantus

Introducción:
La elección de esta temática de ninguna manera resultó dificultosa, pues desde la sanción de la ley que incorpora el instituto al sistema jurídico argentino, se vislumbraba que el objetivo de poner verdaderamente en práctica la suspensión delproceso a prueba, no sería tarea fácil, fundamentalmente por las distintas controversias interpretativas doctrinales y jurisprudenciales. Por ello, se espera lograr por intermedio del presente trabajo, una profundización mayor en la cuestión referente a la aplicación del beneficio a los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, que todavía hoy resulta problemática a la hora de poner en marcha elinstituto consagrado en el Código Penal.

Conceptualización del instituto:
Con la sanción de la Ley 24.316 (publicada en el Boletín Oficial el 19 de mayo de 1994), se incorporó al Código Penal el artículo 76 bis, ter y quáter, que regula la suspensión del juicio a prueba, también conocida como probation. Con ella se ha buscado la resocialización del sujeto como solución para ciertos casos, sinnecesidad de declaración de culpabilidad; además, se evita el juicio y el dictado de una sentencia condenatoria. Para ello se suspende el proceso en el que está inmersa una persona imputada por un delito de acción pública, con pena privativa de libertad, cumpliendo con las reglas de conducta impuestas por el juez y no cometiendo un nuevo delito, luego del transcurso del cierto lapso de tiempo (deuno a tres años) se extinguirá la acción penal.
Se trata de una medida alternativa a la de prisión.
Asimismo, no sólo ofrece una solución al problema social, sino que, además, permite descongestionar los atiborrados juzgados y tribunales.

Comentario del fallo “NORVERTO Jorge Braulio s/ infracción art. 302 C.P.”, de fecha 23 de abril de 2008.

Después del fallo “Acosta1” se dividieron lasposiciones en materia jurisprudencial. La postura según la cual el beneficio es admisible respecto de aquellos delitos que prevén en forma conjunta la pena de inhabilitación, resulta contraria a los lineamientos establecidos por la Corte Suprema en el precedente “Acosta2”.
En tanto que, un año después, se sostuvo que aun cuando la doctrina “Acosta” no resultaba de estricta “aplicación en el subexamine, sí sirve como referente, pues nuestro máximo tribunal adopta la tesis amplia en contraposición con la tesis restrictiva que emana del plenario “Kosuta”, y se añadió que la autoridad moral de la doctrina del alto tribunal del país permite sostener que cuando corresponda expedirse sobre el alcance del último párrafo del artículo 76 bis del Código Penal también se incline por tal posición3”.Este último criterio cuenta con el aval de que el mismo día que se resolvió la causa “Acosta”, la Corte Suprema se pronunció en “Norverto4”, ocasión en la que sostuvo que resultaba aplicable la doctrina sentada en aquélla y dejó sin efecto la resolución que le había denegado al recurrente la suspensión del juicio a prueba. Puede estimarse que el precedente “Norverto” ha venido a recoger una tesisamplia, abarcativa de los supuestos en los que la inhabilitación esta prevista como pena conjunta.
En el escueto pronunciamiento, el Alto Tribunal expresó:
Buenos Aires, 23 de abril de 2008. Vistos los autos: \'Recurso de hecho interpuesto por la defensa de Jorge Braulio Norverto en la causa “Norverto, Jorge Braulio s/ infracción artículo 302 del C.P.”, para decidir sobre su procedencia.Considerando: Que resulta aplicable al caso, en lo pertinente, lo resuelto en la causa A.2186.XLI \'Acosta, Alejandro Esteban s/ infracción art. 14, 1.er párrafo de la ley 23737 –causa n.o 28/05–\', resuelta en la fecha, a cuyos términos corresponde remitirse en razón de brevedad. Por ello y oído el señor Procurador General, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se...