Abogado

MARBURY vs. MADISON
24 de febrero de 1803




“En el último período, en Diciembre de 1801, William Marbury, Dennis Ramsay, Robert Townsend Hooe, y William Harper, a través de su abogado… solicitaron de la Corte que requiriera a James Madison, Secretario de Estado de los Estados Unidos, para que justificara porqué no debiera expedirse un mandamiento ordenándole que remitiera  a aquéllos susrespectivos nombramientos como jueces de paz del Distrito de Columbia…
El 24 de febrero, el Magistrado Presidente expresó la siguiente opinion del Tribunal…
De acuerdo con el orden en que el Tribunal ha analizado este caso, se han suscitado y resuelto las siguientes cuestiones.
Primera. ¿Tiene el demandante derecho al nombramiento que solicita?
Segunda. Si tiene ese derecho y el mismo ha sidoviolado, ¿le otorgan las leyes del país un remedio?.
Tercera. Si así es, ¿el remedio consistiría en un mandamiento que haya de expedir este Tribunal?
 
(En cuanto a la primera cuestión)… hay que entender que el Sr. Marbury había sido designado para el cargo desde que su nombramiento fue firmado por el Presidente y sellado por el (antiguo) Secretario de Estado; y como la ley que crea el cargoconfiere el derecho a desempeñarlo durante cinco años, con independencia del Poder Ejecutivo, el nombramiento no puede ser revocado…(y)…por tanto, la  retención de éste es un acto que la Corte estima no sólo no autorizado por la ley, sino además lesivo de un derecho legalmente adquirido…
(En cuanto a la segunda cuestión) …la esencia misma de la libertad civil consiste en el derecho que tienecualquier individuo de demandar la protección de las leyes siempre que sufra un perjuicio… Una de las primeras obligaciones del Estado es proveer esa protección… El Gobierno de los Estados Unidos ha sido enfáticamente calificado como un gobierno de leyes y no de hombres. Y dejaría ciertamente de merecer tan alto apelativo si las leyes no previesen remedios ante la lesión de derechos adquiridos.
Si estacircunstancia se diera en la jurisprudencia de nuestro país habría de justificarse por las peculiares características del caso. Nos corresponde entonces indagar si hay en este caso algún ingrediente que lo exima de investigaciones jurídicas o prive a la parte perjudicada de un remedio legal… ¿Acaso el acto de remitir o retener el nombramiento deba ser considerado como de naturaleza estrictamentepolítica, de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, para cuya realización nuestra Constitución deposite en éste una entera confianza, y si se produce un perjuicio el ciudadano que lo padezca quede privado de reparación?. No cabe cuestionar que se puedan dar casos así, pero no hay porque aceptar que siempre que recaiga un deber sobre alguno de los grandes departamentos del Gobierno estemos anteuno de ellos…
…el problema de cuándo la legalidad de un acto realizado por el responsable de un departamento puede o no ser examinada por un tribunal de justicia dependerá siempre de la naturaleza del propio acto…
…la conclusión… es que, cuando los responsables de los departamentos son agentes políticos o de confianza del Ejecutivo, limitándose a ejecutar la voluntad del Presidente, o, engeneral, actuando en casos en los que el Ejecutivo dispone constitucional o legalmente de un ámbito de discrecionalidad, nada puede estar más claro que estos actos son sólo políticamente fiscalizables. Pero cuando la ley establece un deber específico y existen derechos individuales que dependen del cumplimiento de ese deber está igualmente claro que el ciudadano que se considere perjudicado tiene elderecho de apelar a las leyes de su país en busca de una reparación…
(En cuanto a la tercera cuestión)…depende de, primero, la naturaleza de la resolución que se solicita, y, segundo, de la jurisdicción de este tribunal. 
La naturaleza de la resolución… Es verdad que el mandamiento (mandamus) que ahora se solicita no tiene por objeto la realización de un acto expresamente contenido en la ley....