aborto

En pleno siglo XXI, México tiene leyes contra el aborto que parecen dictadas por un inquisidor medieval. La razón es la misma: la presencia de una Iglesia poderosa que contamina con su credo laslegislaciones locales de un país constitucionalmente laico.

La inexistencia en México de un código penal único ha provocado que cada estado legisle a su antojo sobre el tema. Salvo el Distrito Federal,que permite el aborto antes de las doce semanas de embarazo, las restantes entidades federativas lo penalizan a menos que la gravidez sea consecuencia de una violación o represente un peligro para lavida de la madre. Los códigos penales más severos ni siquiera contemplan como una atenuante esta última opción. En algunos estados, una mujer que aborte puede purgar hasta treinta años de prisión por“homicidio en razón de parentesco”.
Tal es el caso de Guanajuato y Querétaro, territorios históricamente regidos por el Partido Acción Nacional (PAN). Las fundamentos de esa severidad no sonpolíticos, sino religiosos. La Iglesia defiende la vida desde su concepción y el PAN ha hecho suyo ese argumento que torna criminal cualquier intento por poner fin al producto de la concepción en flagranteolvido de los derechos de la mujer sobre su propio cuerpo y sus circunstancias de vida.
Que en México haya mujeres encausadas o ya presas por abortar es un problema que conduce al ejercicio clandestinode una praxis médica que debiera estar amparada por el sistema de salud y no suponer un delito a perseguir por la justicia. Que la mayoría de las mujeres condenadas por abortar sean de escasosrecursos y más escasa instrucción revela la incapacidad de éstas para eludir las redes de un sistema legal discriminatorio, no la moralidad de las ricas e instruidas, que justo por serlo saben que puedenpagarse un aborto en una clínica privada sin temor a ser denunciadas. O viajar al D.F., con el mismo objetivo, si no tienen más de doce semanas de embarazo. La insensatez puede llegar a la paradoja...