Acceso documental en archivos de oficina

La Constitución Española establece en su art. 105 b), en favor de los ciudadanos, el derecho de acceso a los registros y archivos administrativos, fijando como límites tres materias diferentes, laseguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas, encomendando expresamente al legislador su regulación. Se trata de un artículo pragmático y deconfiguración legal que necesita de una norma jurídica posterior que lo desarrolle. El Tribunal Constitucional lo interpretará tempranamente en Sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo de 16 deoctubre de1979, como un derecho subjetivo de configuración legal cuya eficacia quedaba irremediablemente diferida hasta la aprobación de la ley que lo desarrollará, desarrollo legal que no tuvo lugar hastala aprobación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP)

Distintos textos legales a nivel estatalhan regulado la materia relativa a archivos: la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español (LPHE), la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AdministracionesPúblicas y del Procedimiento Administrativo Común (LPA), La Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre Libertad de Información de Medio Ambiente (LIMA), y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, deProtección de Datos de carácter Personal (LPDP).

Con la Constitución de 1978 el derecho de acceso a los archivos por parte de los ciudadanos
queda recogido en su artículo 105.b: “La ley regulará … b) elacceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de de los delitos y la intimidad de las personas”
Lademocracia exige un equilibrio entre todos los derechos de los ciudadanos, por eso podemos distinguir varias fronteras que limitan el total acceso a la información:
- Fronteras legales y jurídicas,...